La dotación policial de la localidad de Licey al Medio, Santiago, fue trasladada este viernes por disposición del jefe de la Policía Nacional, luego que empresarios y productores avícolas y porcinos anunciaran la integración de patrullas privadas para vigilar la zona, ante lo que consideran incapacidad de las autoridades policiales para controlar los robos y otros hechos delictivos cometidos por bandas que mantienen en zozobra la comunidad.
La medida del jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, fue anunciada por el general Juan Ramón de la Cruz Martínez, director de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional durante un encuentro en su despacho con empresarios de Licey al Medio, encabezados por el productor avícola Ambiórix Cabrera.
Explicó que Polanco Gómez designó en la dotación policial del municipio al mayor Ángel de la Cruz Ayala en sustitución del también mayor Alexis Rosario Díaz, y al capitán Fidel de la Cruz Alcántara, como encargado de Investigaciones.
También por instrucciones de Polanco Gómez se dispuso una nueva unidad patrullera (camioneta) y el aumento del personal policial.
El general de la Cruz Martínez afirmó que la dotación policial de Licey al Medio fue reemplazada porque no cumplía con su deber, y agregó que se les explicó a los empresarios y productores de Licey que no es necesario conformar patrullas con integrantes de la clase civil para enfrentar la delincuencia, por ser una responsabilidad de la jefatura de la Policía Nacional.
Por su lado, Ambiórix Cabrera y los demás empresarios y productores, agrupados en la Asociación de Productores Agropecuario de Moca y Licey al Medio (APROAMOLI) se comprometieron a dejar sin efectos las intenciones de conformar patrullas de civiles armados para vigilar ese municipio, pero advirtieron que si en un tiempo prudente la problemática en Licey al Medio continúa se verán en la necesidad de adoptar medidas de protección.
Los robos, atracos y asaltos y otros hechos cometidos por grupos delincuenciales se han intensificado y convertidos en un gran reto para las autoridades de la región, que no solo deben combatirlos sino enfrentar la supuesta complicidad de agentes policiales, lo que ha obligado al traslado de dotaciones y la cancelación de oficiales implicados.
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