SD. El abogado del empresario Adriano Román, quien está acusado de contratar a presuntos sicarios para atentar en contra del abogado y comunicador Jordi Veras, defendió la petición que hizo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de que el caso sea sacado de la jurisdicción de Santiago.
En carta enviada al director de DL, Tomás Castro denunció una serie de violaciones a los derechos fundamentales del imputado.
Román cumple una condena de 20 años de reclusión por intento de asesinato de su ex esposa Miguelina Llaverías, uno de cuyos abogados es Jordi Veras.
Entre las violaciones, el abogado cita que se allanó su celda sin comunicarle motivo alguno con la presencia de un contingente de hombres armados y se incautaron objetos personales (libros, documentos judiciales, recortes de periódicos, relojes, calendarios). "El mayor hallazgo fue una lista con nombres de comunicadores y jueces que, según la mente febril y especulativa de la Fiscal, serían asesinados por sicarios pagos por Román".
Castro explicó también que no se le entregó una copia de la orden de allanamiento hecha por un juez, "ni mucho menos un inventario de lo incautado; sin embargo la parte civil conoce en detalle el listado de los objetos".
Afirma que el plazo para presentar la acusación por parte de la Fiscalía de Santiago fue prorrogado en una audiencia donde no estuvo presente el acusado estrella Adriano Román ni abogado alguno que lo representare.
Alega que al imputado se le mantuvo aislado, confinado en una solitaria por un período de 14 meses, desde noviembre de 2010 hasta el 6 de enero de 2012.
Agrega que no se le permitían visitas, libros, periódicos, no se le dejaba salir al patio a tomar sol, ni realizar llamas telefónicas.
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