MIAMI. Los familiares del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina residentes aquí dieron a conocer una comunicación dirigida al procurador general de la República, en la que se quejan de los intentos de revivir una disposición de 1962 que prohíbe las actividades trujillistas y que ellos consideran como una “ley mordaza” violatoria de los derechos consagrados en la actual Constitución.
La comunicación enviada al procurador Francisco Domínguez Brito está suscrita por L. Ramfis Domínguez Trujillo, hijo de la señora María de los Ángeles Trujillo Martínez (Angelita), quien radica en esta ciudad y es hija menor del dictador que gobernó durante 31 años el país.
“…mantenemos que la disposición 5880-62 del Consejo de Estado, quedó debidamente anulada conforme el Artículo 6 de nuestra Carta Magna como fue ratificada en su última versión en el 2010, que dispone lo siguiente: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”, se expresa en la misiva.
Añade que “esta afirmación se apoya también en el Artículo 49 de la Constitución que protege el derecho a la libertad de expresión e información proclamando que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.
Sostiene que “el derecho universal de libre expresión es también protegido por leyes internacionales y pactos convenidos entre los países que respetan la facultad de estos atributos inherentes a la autonomía de cada individuo. La República Dominicana es signatario a estos trascendentales acuerdos como lo son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No podemos permitir que continúen perpetuando su vulgar atropello a este derecho fundamental”.
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