Esa sentencia fue lograda luego de que el acusado negociase con la Fiscalía, lo que en el derecho norteamericano se conoce como ®plea bargain®, el reconocimiento de su culpabilidad de 937 acusaciones, a cambio de que no se le aplicase la pena de muerte.
Habría que reflexionar acerca de lo que subyace en la conciencia de un ser humano que pacta ser privado de su libertad mientras vida tenga, más mil años adicionales, los cuales, para poder cumplir, necesitaría resucitar 14 veces, y tener, para cada ocasión, una expectativa de vida de 75 años de edad.
En principio, podría pensarse, se trata del aprecio y la valoración misma que se tiene de la vida. Salvo el caso de los suicidas, cuya conducta es patológica o disfuncional, los seres humanos viven aferrados a su existencia y aspiran a prolongar sus días bajo el sol.
Lo segundo, es el carácter optimista de la existencia humana. Muerto, no hay nada que hacer. Pero si aún se respira, siempre se podría albergar la esperanza de que algún hecho mágico o misterioso ocurrirá que cambiará el destino de los acontecimientos.
Pero, en todo caso, por la brutalidad y el carácter horrendo de los hechos cometidos, hasta el punto de que hizo abortar en varias ocasiones a una de las mujeres cautivas, empleando métodos sádicos, crueles e inhumanos, muchas personas, con razón, no ocultarán su regocijo por el futuro sombrío que espera al monstruo de Cleveland, como ya suele identificarse a Ariel Castro.
Largas sentencias
Sin embargo, más allá del merecido castigo, la inquietud que surge es la de indagar cuál es el sentido, la lógica o la razón para aplicar penas o sanciones tan largas que nada más por el hecho del ciclo biológico de los seres humanos se sabe no podrían ser cumplidas.
Por supuesto, Ariel Castro no ha sido el único condenado en un proceso criminal a una pena o sanción cuyo cumplimiento excede sus expectativas de vida.
Tal fue el caso, también, de Dudley Wayne Kyzer, quien por haber matado a su esposa, a su suegra y a un estudiante universitario, fue condenado a cadena perpetua por cada uno de los crímenes cometidos, esto es, tres veces, a lo cual se le añadieron 10,000 años de prisión.
Pero, por igual, el de Bobbie Joe Long, un criminal en serie de la Florida, quien había violado a más de 50 mujeres y dado muerte a más de 25, motivo por el cual se le aplicó una sanción equivalente a 28 condenas de por vida.
A Juan Corona, de California, lo castigaron al cumplimiento de 25 sentencias a cadena perpetua. Su delito consistió en haber asesinado a 25 empleados de su finca.
Shalom Weis, por su parte, recibió una sentencia que lo condenó a dos mil años de prisión por su responsabilidad en la quiebra de una importante compañía de seguros de Nueva York.
Sin embargo, hasta ahora, el caso más dramático y sensacional ha sido el de Gabriel March Grandos, quien en 1972 fue condenado, en España, a 384 mil 912 años de prisión. La causa: haber dejado de entregar 42 mil cartas en su función de empleado de correos.
Para Franklin Zimring, un prestigioso profesor de Derecho Penal de la Universidad de California, al dictar sentencia lo que el juez toma en consideración no es tan sólo el tiempo que el reo permanecerá en prisión, sino en el carácter disuasivo de su medida.
Para otros, sin embargo, semejante argumento no constituye más que un desatino; y esto así, en primer lugar, debido a que la pena a ser impuesta al condenado es como castigo por su responsabilidad personal en la comisión de un crimen, no un disuasivo frente a terceros; y en segundo término, porque toda sanción debe tener por objetivo la rehabilitación social del reo, no su permanencia indefinida en un establecimiento penitenciario. Como consecuencia de eso, hay quienes van más lejos, y afirman que el sistema norteamericano de sanción judicial constituye un absurdo, una irracionalidad y un acto de barbarie.
Hallazgos de un estudio
A tal conclusión llega un estudio recientemente elaborado por el Centro de Estudios del Derecho y la Justicia Global de la Universidad de San Francisco, California, al sostener ® que el tiempo de permanencia en prisión de un condenado en los Estados Unidos es mayor que en cualquier otro lugar del mundo®; y que, por consiguiente, ®el sistema judicial criminal norteamericano representa una deformidad inexplicable.®
Conforme al estudio de referencia, los Estados Unidos tienen la más alta tasa de encarcelamiento del mundo, con cerca de 2 millones 300 mil reos. Con sólo el 5 por ciento de la población mundial, disponen del 25 por ciento de la población penitenciaria del planeta.
De cada 10 reos, uno guarda prisión de por vida. El número de estos últimos se ha cuadruplicado entre 1984 y 2008, al pasar de 34,000 a 140,000 presos. El impacto social y económico que esto ha tenido ha sido enorme.
Por ejemplo, hace treinta años, el 10% de los fondos públicos estaban destinados a la educación superior y sólo un 3 por ciento al sistema penitenciario.
Actualmente, casi un 11% está dirigido a las prisiones y sólo un 7.5% a la educación superior, con lo cual se invierte un 45% más en el mantenimiento del sistema penitenciario que en las universidades.
Cada año el gobierno norteamericano invierte más de 60 mil millones de dólares en el sostenimiento de las cárceles y prisiones, lo que equivale a cerca de cinco veces más el presupuesto anual de la República Dominicana.
Por cada convicto, el gasto anual es de 45,000 dólares, lo que ha sido una de las causas para que en los últimos 20 años, el gasto en el sistema penitenciario estadounidense se haya quintuplicado, al pasar de 10 mil a 60 mil millones de dólares, como acabamos de indicar.
Otro factor a tomar en cuenta para el aumento del costo del mantenimiento de los condenados a penas privativas de libertad, es el envejecimiento de la población penal. En los últimos cinco años, del 2007 al 2012, el número de presos por encima de 65 años de edad se incrementó en un 90 por ciento por encima del resto de la población penal.
Todo lo anterior revela que los Estados Unidos tienen en la actualidad una situación penitenciaria explosiva, que se explica, en parte, por el hecho de que desde el punto de vista legal representa uno de los pocos países a nivel mundial que todavía aplica un sistema de fallo judicial conocido como de sentencias consecutivas.
Pero, además, por la circunstancia de que en la mayoría de los estados, los fiscales y los jueces son escogidos por el voto popular, y la mayor parte de los votantes se inclina por la aplicación de sentencias largas y medidas duras, debido a la vulnerabilidad y temor que sienten frente al crimen.
Todo eso conduce al fenómeno de que si en la comisión de una infracción a la ley penal se incurre en otras faltas a las disposiciones de carácter criminal, en el sistema judicial norteamericano se juzga cada una de las infracciones en forma consecutiva y se hace una suma de las sanciones a ser aplicadas.
No sucede lo mismo en la República Dominicana, en Francia, o en la mayoría de los países que integran una familia jurídica distinta a la del mundo anglosajón.
En ese caso se aplica un principio que se conoce como el de no-cúmulo de penas, y que consiste, básicamente, en que en una concurrencia de infracciones, el juez, al examinar los hechos, fijará la pena mayor que corresponde al conjunto de las infracciones cometidas.
En ese contexto, si Ariel Castro, el monstruo de Cleveland, hubiese sido juzgado y condenado en la República Dominicana o en cualquiera de los otros países que aplica nuestro sistema, la pena aplicada habría sido la de 30 años de reclusión.
Obviamente, insuficiente, ante la magnitud del crimen cometido; y por el hecho de que como actualmente sólo tiene 53 años de edad, teóricamente dispondría de la posibilidad de recuperar su libertad a los 83 años.
Eso no ocurriría en los Estados Unidos donde ya ha sido condenado, no una vez, sino tres veces a cadena perpetua, y como si eso fuera poco, en adición, a mil años de prisión.
El gasto penitenciario en EE.UU llega a 60 mil millones de dólares
Por cada convicto, el gasto anual es de 45 mil dólares, lo que ha sido una de las causas para que en los últimos 20 años, el gasto en el sistema penitenciario estadounidense se haya quintuplicado, al pasar de 10 mil a 60 mil millones de dólares, como acabamos de indicar.
Otro factor a tomar en cuenta para el aumento del costo del mantenimiento de los condenados a penas privativas de libertad, es el envejecimiento de la población penal. En los últimos cinco años, del 2007 al 2012, el número de presos por encima de 65 años de edad se incrementó en un 90 por ciento por encima del resto de la población penal.
El autor es ex presidente de la República
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