Guerrero confirmó parte de lo publicado en un reportaje ayer domingo por el Nacional, en que se señala que el Ministerio Público, fiscales, políticos y funcionarios se quedan con casi todos los bienes incautados producto del narcotráfico y lavado de activos. Acusó al procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, de desconocer la existencia de esa oficina y de quedarse con casi el 100 por ciento de los bienes incautados, por lo que llevará el caso por ante el TC.
“Esta oficina, que fue creada para estos fines, el Ministerio Público ha entendido, conforme ha ido pasando el tiempo, que es mucho el dinero que se mueve a través del narcotráfico, y se ha hecho crear una unidad paralela a esta y prácticamente la ha liquidado en la realidad”, manifestó Guerrero.
En principio, añadió, Domínguez Brito se dio cuenta que eso no era legal, por lo que hizo que se aprobara una ley en el Congreso para él administrar los bienes del narcotráfico y lavado de activos.
Dijo que con esa ley, Domínguez Brito ha legalizado una oficina paralela a la de él, lo que crea un conflicto de competencia jurisdiccional, que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional. La oficina de la Procuraduría se llama Unidad de Bienes Incautados. “El le ha dado esa atribución al Ministerio Público, que no está para eso porque no puede ser juez y parte. La única función del Ministerio Público es administrar justicia a nombre del Gobierno y del pueblo”, sostuvo Guerrero.
Declaró que el congresista fue inteligente cuando creó la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados.
“Pero él (el procurador), al ver que es mucho el dinero que se mueve ahí con los bienes y muchos favores que tú está en capacidad de hacer, ha creado esa oficina y aquí no manda nada a esta oficina, que es donde debería estar todo”, expresó.
La reacción de Laureano Guerrero fue a la publicación de El Nacional en el sentido de que los bienes incautados a narcotraficantes y a otros acusados de la comisión de diversos delitos se han convertido en una especie de “piñata” pública de la cual los menos beneficiados son los programas de diversas entidades para la regeneración de adictos a las drogas.
UN APUNTE
Un gran negocio
Visto a simple vista, la incautación de bienes no es más que un gran negocio legalizado al amparo de la Ley 72-02 y se estima que más del 95 por ciento de esos bienes son usufructuados por políticos, policías, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y fiscales, práctica que al entender de expertos, refleja que la lucha contra ese mal no es más que un gran negocio.
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