Dos fiscales de la provincia Santo Domingo también son investigados por la desaparición de un cargamento de droga valorado supuestamente en cientos millones de pesos junto al suspendido director de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), coronel Carlos V. Fernández Valerio. Se trata de los fiscales Máximo Díaz y Leónidas Suárez, quienes serán interrogados por la comisión que designó el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
La comisión la integran los procuradores generales adjuntos Iván Lorenzo y José Alberto Jiménez. Los investigadores creen que entre los dos fiscales, hay uno que tiene mayor responsabilidad. El coronel Fernández Valerio y varios oficiales de la Policía son investigados por una junta de generales y organismos de inteligencia del Estado.
El pasado 18 de diciembre el embajador de Estados Unidos, James Brewster, visitó al jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, pero el encuentro con el diplomático estadounidense, en el Palacio de la Policía, se manejó con gran hermetismo.
En lugar de Fernández Valerio, el jefe de la Policía designó de manera interina a otro coronel, Francisco Bloise Olmeda.
También otros oficiales de Dican están bajo arresto y son investigados por los hechos relacionados con el tráfico ilegal de drogas.
La desaparición de más de mil kilos de cocaína que habían sido ocupados durante operativos en Miches, Boca Chica y Santo Domingo Este por la Dirección Central Antinarcóticos (Dican), de la Policía, fue el detonante que motivó las investigaciones y suspensión del director del organismo, unos 17 oficiales y dos fiscales adjuntos, confirmó esta mañana una fuente. La droga ocupada por los miembros del Dican y que nunca reportaron, está valorada en más de 3 mil mil millones de pesos, aseguró la fuente.
Una nota de la Jefatura de la Policía confirmó ayer que en Dican se lleva a cabo una investigación, pero negó que estuviera preso el coronel Carlos Fernández Valerio, el cual fue suspendido del cargo, y en su lugar se designó de manera interina al coronel Francisco Eladio Bloise Olmeda.
Bloise Olmeda fue encargado de investigación de la Dirección General de Migración, cuando la dirigía Miguel Vásquez en el 2002, y por desacato a la Séptima Sala fue condenado a dos años de prisión, condena que luego desestimó la Suprema Corte de Justicia, tras devolverle un dinero que reclamaban varios chinos que los habían sometido a la justicia.
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