SANTO DOMINGO. Los abogados de un grupo de militares acusados por el Ministerio Público de constituir una asociación de malhechores que introdujo y comercializó unas 22 armas de fuego de manera irregular, defendieron su legalidad, y aseguraron que la Dirección General de Aduanas (DGA) cobró todos los impuestos para su importación.
Salvador Potentini y Pedro López, abogados del general Bienvenido Cordero Batista, calificaron de populismo del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, las acciones en contra de su defendido, del que dicen solo firmaba las licencias que le entregaban cuando ya tenían los permisos correspondientes, que se entregaban en el Ministerio de Interior y Policía.
Cordero Batista era el director General de Material Bélico del Ministerio de Defensa, de donde lo cancelaron a final del año pasado, supuestamente por negligencia, indicó su abogado.
“Había una serie de procedimientos por los que tenían que pasar para dar las licencias, y al final las firmaba él. Pero esas armas todas están legales, ¿cómo se puede hablar de tráfico?”, argumentó López.
Potentini, a su vez, dijo que los permisos se dieron a armeros tradicionales, que tienen permiso desde hace años, y que en Material Bélico solo se hace custodia de las armas, por tanto, considera que el expediente de la Fiscalía, del que dijo contiene unas 1,500 páginas, se queda flojo.
El abogado alegó además que la prohibición a la importación se hace mediante decreto 309-06, pero que eso no constituye una ley, por lo que su violación no conlleva una sanción penal.
En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público acusa al coronel, y a otros seis militares, incluyendo a Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de la armería Heptágono, de asociación de malhechores; porte, tenencia y comercio ilegal de armas, y por violación a la ley 267-08 sobre terrorismo.
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