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jueves, 3 de octubre de 2013

California autoriza licencias de conducir para indocumentados

LOS ANGELES. El gobernador de California, Jerry Brown, firmó este jueves una ley que autorizará la emisión de licencias de conducir para inmigrantes indocumentados y que beneficiará a más de un millón de conductores.    El gobernador firmó la ley en el Ayuntamiento de Los Ángeles con la presencia de cientos de activistas de derechos de los inmigrantes, así como el alcalde Eric Garcetti, el jefe policial Charlie Beck y el arzobispo José Gómez.
“Éste es sólo el primer paso. Cuando un millón de personas sin documentos estén manejando legalmente y con respeto al estado de California, el resto del país tendrá que tomar nota”, dijo Brown al firmar la medida, en referencia a una exhaustiva reforma migratoria que está ahora estancada en el Congreso.  

”Ya no hay personas indocumentadas viviendo en las sombras. Están vivos y son bien respetados en el estado de California”, afirmó el gobernador.

“Se trata de poder subirse a un coche sin el miedo de que la gente de Charlie Beck te lo quite”.    Los oradores destacaron en sus discursos que la ley, además de mejorar la seguridad en las calles, permitirá a los inmigrantes indocumentados llevar adelante sus vidas rutinarias, como ir al trabajo o buscar a sus chicos en la escuela, sin sentir la sombra del miedo sobre sí.

“La gente se pregunta cómo se siente hacer historia. Bien, se siente así”, dijo el alcalde Garcetti, anfitrión de la ceremonia.    La ley AB60, que otorga licencias de conducir a los residentes de California sin importar su estatuto migratorio, fue aprobada el mes pasado por la Asamblea con 55 votos a favor y 20 en contra.    La medida, que entrará en vigor a más tardar en enero de 2015, es especialmente importante en ciudades como Los Ángeles -y en el sur de California en general-, que están cruzadas por autopistas, fueron diseñadas en función de los automóviles y cuyo sistema de transporte público es lento y disperso.

Desde 1993, cuando una ley impidió conducir a los inmigrantes sin papeles, “miembros de la comunidad (…) han sido sujetos de detenciones de tránsito arbitrarias e incluso arrestos y deportaciones, sólo porque se les negaba una licencia de conducir debido a su estatuto migratorio”, dijo a la AFP Julia Harumi Mass, abogada de la influyente Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).    No obstante, las licencias para indocumentados se diferenciarán de las regulares al identificarse como “DP” (por “Privilegio de Conducir”, en inglés), en lugar de “DL” (por “Licencia de Conducir”).

Además, se le incorporará una nota con la leyenda: “Esta tarjeta no se puede utilizar para fines federales. Esta licencia es emitida solamente para manejar un vehículo de motor. No establece elegibilidad para empleo, registro de votación o beneficios públicos”.    Esto generó críticas en algunos sectores, en particular los sindicatos, que consideraron que así las licencias estarán “marcadas” y argumentaron que tal diferenciación fomentará el racismo de parte de la policía hacia los inmigrantes indocumentados.

“La AB60 no es una ley perfecta, pero evita la incautación de los coches de millones de conductores de California, que enfrentan luego fuertes multas”, señaló la Coalición de Derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA), en un comunicado.    ”Y como cada conductor ahora deberá superar un examen escrito y práctico, las calles serán más seguras para todos”, agregó, al saludar la medida.

Los indocumentados pueden obtener licencias de conducir en estados como Nuevo México, Utah, Nevada, Oregon, Colorado y Washington (en el oeste) y Maryland, Illinois y Connecticut (en el este).    En Estados Unidos viven cerca de 11 millones de inmigrantes sin papeles, la mayoría de ellos mexicanos.

escrito por: Leila MACOR

miércoles, 25 de agosto de 2010

Asesinan 72 indocumentados en México


MÉXICO. — El gobierno mexicano indaga el asesinato de 72 presuntos migrantes indocumentados de Centro y Sudamérica que buscaban llegar a Estados Unidos, presumiblemente a manos del cartel de las drogas de Los Zetas. Autoridades mexicanas investigan el asesinato de 72 personas, al parecer emigrantes indocumentados de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, cuyos cadáveres fueron hallados en un rancho ubicado en el noreste del país.

El vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, informó el miércoles en rueda de prensa que las víctimas localizadas la víspera en una municipalidad del estado norteño de Tamaulipas podrían corresponder a migrantes de países como El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, según declaró un sobreviviente de la masacre que se identificó como ciudadano ecuatoriano.

El portavoz de la Secretaría de Marina, contralmirante José Luis Vergara, añadió que el sobreviviente declaró a las autoridades que miembros del cartel de Los Zetas eran los autores de la muerte de los 58 hombres y las 14 mujeres, cuyos cuerpos fueron localizados en un rancho de la municipalidad de San Fernando, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad fronteriza estadounidense de Brownsville, Texas.

Poiré dijo que aún está por confirmarse la identidad de las víctimas, pero por lo pronto México ya entró en contacto con autoridades de las naciones mencionadas por el sobreviviente para que colaboren.

El funcionario dijo que los hechos, que calificó como "sumamente grave" y "absolutamente indignante", se dan en un entorno de creciente violencia en el noreste del país por una fractura y una "lucha encarnizada" de Los Zetas con sus antiguos aliados del cartel del Golfo.

"Lo que ilustran (los hechos) es que el crimen organizado... no tiene ningún límite ni parangón ético", señaló Poiré.

Refirió que en los últimos meses la autoridad ha recibido información de que algunas organizaciones criminales participan en el secuestro y extorsión de migrantes e incluso ha habido algunos intentos de reclutamiento de indocumentados por parte de los carteles de las drogas.

Para Poiré, el que el crimen organizado recurra a la extorsión de migrantes o el reclutamiento "sugiere que algunas organizaciones están enfrentando una situación adversa para abastecerse" tanto de recursos económicos como de nuevos sicarios.

El coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, Antonio Díaz, dijo que en lo que va del 2010 han detectado alrededor de siete secuestros de migrantes por parte del crimen organizado.

Antes del hallazgo, miembros de la Armada de México se enfrentaron con presuntos narcotraficantes, en una acción en la que murieron un marino y tres sospechosos.

El subsecretario para América Latina de la cancillería, Salvador Beltrán del Río, descartó que lo ocurride lastime las relaciones bilaterales con las naciones de origen de las víctimas, pues refirió que México comunica constantemente a los países de donde salen los migrantes los riesgos que enfrentan los indocumentados al atravesar su territorio indocumentados.

La Secretaría de Marina había dicho que el enfrentamiento y la posterior localización de los cuerpos ocurrió después de que un hombre herido por arma de fuego llegó a pedir ayuda hasta un puesto de control de la Armada de México.

El portavoz de la Marina confirmó el miércoles que la persona herida es el ciudadano ecuatoriano, quien es atendido en un hospital de heridas de arma de fuego y ha comenzado a rendir declaraciones ante las autoridades.

Las autoridades detuvieron a un menor de edad mexicano como presunto miembro del grupo criminal que tenía a los presuntos migrantes.

San Fernando es considerado una zona de influencia del cartel de Los Zetas, uno de los grupos responsabilizados por el incremento de la violencia en el noreste del país tras un rompimiento con sus antiguos aliados del cartel del Golfo.

La violencia atribuida al crimen organizado y el narcotráfico ha dejado más de 28.000 víctimas desde diciembre del 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.

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