En una comunicación dirigida al presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, Jiménez Peña dice que "constituye un hecho sin precedentes e inaudito que la magistrada Blessie Gómez Báez le haya otorgado una fianza al agresor del Ministerio Público, no obstante la Fiscalía de Santiago haber depositado todos los elementos probatorios que confirman de manera fehaciente la peligrosidad del agresor".
Señaló que la juez decidió otorgarle al imputado Henríquez Gómez una presentación, cuidado, vigilancia y garantía accesoria.
Dijo que el Ministerio Público solicitó la imposición de la medida de prisión preventiva amplia y fehacientemente justificada en el caso de la especie, al tiempo de manifestar que la juez no evaluó la gravedad del ilícito en razón de la acción penal y contra quien se realizó, "y por supuesto, no ponderó el peligro existente e inminente para la víctima".
Expuso que la acusación en contra del referido imputado se produce como consecuencia de la agresión de que fue objeto el magistrado Otto Soriano García en un hecho que a todas luces puso en peligro su integridad física, ya que el imputado de manera alterada le produjo por la espalda golpes y heridas, curables después de los veinte días.
Sostuvo que la decisión envió un mensaje negativo a la sociedad de desdén e irrespeto hacia las autoridades, sin advertir las implicaciones posteriores que podría tener hacia cualquier otro miembro del sistema de Justicia.
El ex oficial cometió la agresión luego de ser condenado por el tribunal al pago de RD$3,500 mensuales para la manutención de sus tres hijos.
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