Domínguez Brito aseguró que luego de investigar las denuncias en torno a un vídeo puesto a circular en las redes sociales y en distintos medios de comunicación, en el cual se presentaba al referido fiscal colocando un arma de fuego debajo de un colchón, durante un allanamiento en la casa de un imputado, se realizaron experticias forenses cuadro a cuadro del mismo, mediante las cuales se comprobó su fidelidad y veracidad.
“Hemos procedido a solicitar la orden de arresto contra el titular de San José de Ocoa, así como la suspensión inmediata en sus funciones, para de igual forma someterlo a la acción de la justicia, a través de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de San Cristóbal”, expresó el Jefe del Ministerio Público.
Domínguez Brito reiteró que el Ministerio Público promoverá y categóricamente defenderá el estado de derecho y el debido proceso en la República Dominicana, manifestando que “este tipo de acciones son inadmisibles por más hechos criminales que presumiblemente haya cometido un imputado. Este accionar erosiona seria y dolorosamente todo el sistema del debido proceso del cual los fiscales son los garantes”.
Entre los cargos que serán presentados contra el fiscal José Miguel Cuevas se destacan violación a los artículos 19 sobre el Principio de Probidad, artículo 13 sobre Principio de Legalidad y el artículo 15 que establece el Principio de Objetividad, contemplado en la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11).
Otros cargos son prevaricación, artículos 121, 126, 127, 166, 167 y 168 del Código Penal Dominicano, así como por violación a Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, además por violación a la garantía del debido proceso y violación a la Tutela Judicial Efectiva, establecido en el artículo 69 de la Constitución.
Cuevas Paulino también será acusado de violar, durante el ejercicio de sus funciones, los derechos fundamentales de un imputado, estipulado en el artículo 169, párrafo I, de la Constitución de la República, entre otros.
Domínguez Brito dijo de forma enérgica que “el respeto al imperio de la ley es la garantía para el desarrollo de una democracia. No podemos tolerar que quienes están obligados precisamente al cumplimiento de la misma, sean quienes la violenten. Tenemos un compromiso con la verdad y que hechos como estos, no logren impunidad ni quede libre de consecuencias”.
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