La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) indicó en una rueda de prensa que un juez federal con sede en el estado de Tamaulipas libró una orden de aprehensión contra Pineda por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no directamente por el caso de las desapariciones.
Concretamente el magistrado acusó a la mujer de tener nexos con los carteles de las drogas de los Hermanos Beltrán Leyva y Guerreros Unidos.
Los sicarios de este último grupo fueron presuntamente los responsables de la desaparición y muerte de los estudiantes, aunque estos últimos permanecen en paradero desconocido, con la excepción de uno de ellos cuyos restos fueron identificados tras ser hallados en un vertedero de basura donde fueron incinerados.
En la rueda de prensa de este lunes la PGR divulgó imágenes donde se observaba a María de los Ángeles Pineda rodeada de personal de la Agencia de Investigaciones durante su traslado a una prisión de máxima seguridad del estado de Nayarit, en el noroeste del país.
La esposa del exalcalde de Iguala también ha sido acusada formalmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, reveló el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.
Pineda fue trasladada a la prisión federal al cumplirse el segundo de los dos arrestos domiciliario por 20 días que fueron solicitados por las autoridades cuando fue capturada junto con su marido en el barrio de Iztapalapa de la capital mexicana el pasado 4 de noviembre.
El exalcalde se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el Estado de México, para ser procesado por el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal (de magisterio) Rural de Ayotzinapa, en una acción violenta ocurrida el pasado 26 de septiembre en Iguala.
La Fiscalía confirmó que sigue abierta la investigación sobre la participación de esta pareja en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fueron presuntamente atacados primero por policías de ese municipio a sueldo de Guerreros Unidos y asesinados por miembros de este cártel a los que fueron entregados.
Una decena de policías del municipio de Iguala que fueron detenidos por este caso han sido acusados formalmente de los delitos de delincuencia organizada y de secuestro, indicó la PGR.
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