La medida de coerción de tres meses fue dictada en contra de Eduardo Salvador Fersola Güilamo, Francisco Tejeda Marte, Josué Castillo Santana, Félix Manuel Merán García, Luis Pineda Castillo, Daniel Bautista Espinal, Franklin de León, Rafael Poleón Féliz, Alfredo Sención Rosado, Juan Carlos Javier Aquino y Luis Rafael Castillo Luis.
En el caso del imputado número doce, Yoryi Luisa, el magistrado dispuso ventilar la petición de prisión preventiva en su contra en otra audiencia, debido a que presentó problemas de salud y tuvo que ausentarse de la audiencia.
Los abogados de la defensa, Ingrid Hidalgo y Valentín Medrano, solicitaron la inmediata puesta en libertad, por considerar que no hay evidencias que lo liguen al acto vandálico.
Mientras que el fiscal Marco Rosario González sustentó su petición en una serie de argumentos, entre ellos que el 28 de abril, el Colegio Episcopal San José programó un paseo educativo con 50 alumnos menores de edad, de diferentes cursos y edades, con destino a la Feria del Libro.
Para tales fines contrataron los servicios de un autobús con capacidad para 50 pasajeros en la compañía Transporte Villar.
Detalla que los imputados, pertenecientes a la Asociación de Choferes de Minibuses de Boca Chica (ASOCHOMBCA) y del Sindicato de Choferes Propietarios de Boca Chica (SICHOPROBOCH), se reunieron, en tono amenazante, y vociferaron palabras ofensivas y agresivas a los profesores y los adolescentes que se encontraban en el autobús, y obligaron a que el vehículo se detuviera, lo que provocó que los educadores que estaban a bordo se desmontaran para conversar con los miembros de ambos sindicatos que se negaban a mover los minibuses que obstaculizaban la marcha.
Sostiene que en tono airado expresaban que si movían el autobús lo iban a quemar con todos adentros, "situación ésta escuchada por los niños, niñas y adolescentes que estaban dentro, poniéndolos en una situación de desesperación, provocando vómitos y problemas de salud entre todos los que estaban a bordo".
Indica que fue llamado el 9-1-1, y se presentaron miembros de la Policía Nacional y de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), a los fines de convencer a los miembros de los sindicatos de que retiraran sus unidades, y dejaran seguir el rumbo del transporte privado ya contratado por el centro escolar.
"Todas las conversaciones fueron infructuosas, ya que ambos sindicatos se mostraron intransigentes, alegando que el transporte había que dárselo a ellos obligado, porque ellos son los dueños del transporte de ese municipio, y nadie, absolutamente nadie podía transportar pasajeros ni de manera privada ni pública".
Manifiesta que Fersola Güilamo estaba al frente de la acción, quien en varias ocasiones amenazó con incendiar el autobús, y decía "esa guagua no va a salir y punto".
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