La revelación en la audiencia de esta mañana donde se conocía la solicitud de medida de coerción a una mujer acusada de estafar al ministerio de Educación con un solar donde se construirían dos escuelas, salió a relucir que el solar había sido declarado de utilidad pública en 2013, por lo que surgió la duda de si el inmueble se habría pagado anteriormente al propietario real.
Los terrenos comprados y pagados en febrero del 2014, por 47 millones de pesos, a Reina Margarita Núñez, eran propiedad de la compañía Depier.
El dato surgió este mediodía en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, conforme a un documento presentado por el abogado Cándido Simón.
El decreto que declara los terrenos de utilidad pública es el 365-13, emitido por el presidente Danilo Medina el 16 de diciembre del 2013.
Por tal razón, Simón dijo que se hace necesaria la presencia en el Tribunal del ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, para que explique por qué compró terrenos que estaban declarados de utilidad pública.
Simón, quien junto al abogado Percival Peña defiende a la señora Núñez, dijo que los terrenos eran en principio de la Compañía Depier, quien después los vendió al esposo de ésta.
Precisó que quien en realidad vendió los terrenos al Ministerio de Educación fue el esposo de Núñez y que ésta lo único que hizo fue representarlo en el contrato de compra y venta.
Declaró que es necesaria la presencia en el Tribunal de Amarante Baret, para que explique cómo el Departamento Jurídico de esa cartera permitió que él comprara unos terrenos que estaban declarados de utilidad pública.
Dijo que a pesar de que en el Ministerio de Educación figura como consultora jurídica una mujer, quien presentó la denuncia contra la señora Núñez fue el subconsultor jurídico, cuyo nombre no precisó.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional se aprestaba en la mañana de hoy decidir si ordena el mantenimiento en prisión o le otorga la libertad a Nuñez, luego de que el Ministerio Público solicitara en su contra un año de prisión como medida de coerción.
Se le acusa de estafar al Estado con 56 millones de pesos, suma de la cual cobró 47 millones.
Los abogados de la imputada consideran que Amarante Baret debe explicar al juez de la Instrucción de Atención Permanente en qué base sustentó la denuncia del alegado fraude, debido a que figura firmando el contrato de compra de 15 mil metros equivalentes a 25 tareas en un solar que se supone fue investigado previamente por los abogados de la institución.
Los abogados de Núñez tendrían que probar que ella no es propietaria ni vendedora del inmueble sino su esposo Ramón Benito Ramírez Cabrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario