SANTO DOMINGO. En 14 meses 384 personas del sexo femenino y 35 del masculino fueron reportadas como víctimas de violación sexual en el país.
En la mayoría de los casos -que abarcan 2016 y los dos primeros meses de 2017- el agresor era conocido por la víctima, según un reporte suministrado a Diario Libre por la Procuraduría General de la República.
La cifra es mayor en otra categoría: agresión sexual. La Procuraduría reporta 1,505 víctimas por este delito. De éstas, el 87.5 % fue del sexo femenino. Personas conocidas también figuran como las más señaladas como agresores, una tendencia que también se observa en otros países de la región.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que un estudio latinoamericano calculó que solo alrededor del 5% de las víctimas adultas de la violencia sexual notificó el incidente a la policía. Cita como razones lógicas para no hacerlo la existencia de sistemas de apoyo inadecuados, vergüenza y temor o riesgo de represalias y a ser culpadas.
El Código Penal de la República Do
minicana, en su artículo 330, indica que “constituye una agresión sexual toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa o engaño”.
El artículo 331 del Código establece que constituye una violación “todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza, que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa”.
San Cristóbal es la provincia que registró más víctimas de violaciones sexuales reportadas en el citado periodo: 105 personas. Le siguen en cantidad Barahona (80), Valverde (36), San Juan (25) y Duarte (24).
Referente a las agresiones sexuales, Santiago superó a las demás provincias al registrar 516 víctimas, seguida de San Cristóbal (187), La Romana (150), Monseñor Nouel (103) y Santo Domingo (99).
En la primera quincena de marzo la prensa reportó la ocurrencia -en distintos sectores- de cinco casos de violación sexual de niñas y jóvenes de entre 12 y 23 años, que también fueron asesinadas.
En la mayoría de los casos -que abarcan 2016 y los dos primeros meses de 2017- el agresor era conocido por la víctima, según un reporte suministrado a Diario Libre por la Procuraduría General de la República.
La cifra es mayor en otra categoría: agresión sexual. La Procuraduría reporta 1,505 víctimas por este delito. De éstas, el 87.5 % fue del sexo femenino. Personas conocidas también figuran como las más señaladas como agresores, una tendencia que también se observa en otros países de la región.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que un estudio latinoamericano calculó que solo alrededor del 5% de las víctimas adultas de la violencia sexual notificó el incidente a la policía. Cita como razones lógicas para no hacerlo la existencia de sistemas de apoyo inadecuados, vergüenza y temor o riesgo de represalias y a ser culpadas.
El Código Penal de la República Do
minicana, en su artículo 330, indica que “constituye una agresión sexual toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa o engaño”.
El artículo 331 del Código establece que constituye una violación “todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza, que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa”.
San Cristóbal es la provincia que registró más víctimas de violaciones sexuales reportadas en el citado periodo: 105 personas. Le siguen en cantidad Barahona (80), Valverde (36), San Juan (25) y Duarte (24).
Referente a las agresiones sexuales, Santiago superó a las demás provincias al registrar 516 víctimas, seguida de San Cristóbal (187), La Romana (150), Monseñor Nouel (103) y Santo Domingo (99).
En la primera quincena de marzo la prensa reportó la ocurrencia -en distintos sectores- de cinco casos de violación sexual de niñas y jóvenes de entre 12 y 23 años, que también fueron asesinadas.
Consecuencias de la violencia sexual
La OMS indica que los supervivientes masculinos y femeninos de violencia sexual pueden sufrir consecuencias conductuales, sociales y de salud mental similares.
“No obstante, las niñas y las mujeres soportan la carga más abrumadora de traumatismos y enfermedades resultantes de la violencia y la coacción sexuales, no solo porque constituyen la gran mayoría de las víctimas sino también porque son vulnerables a consecuencias para la salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados, abortos inseguros y un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión sexual, inclusive la infección por el VIH”, refiere la OMS en un informe titulado “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres”.
Entre las consecuencias para la salud mental cita depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, dificultades del sueño, síntomas somáticos, comportamiento suicida y trastorno de pánico.
También hay secuelas conductuales, como comportamiento de alto riesgo (relaciones sexuales sin protección, iniciación sexual consensual temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso del alcohol y otras drogas) y riesgo mayor de perpetrar (los hombres) o de sufrir (las mujeres) violencia sexual posteriormente.
Además, en algunos casos pueden devenir en consecuencias mortales. La OMS cita el suicidio, complicaciones del embarazo, aborto inseguro, sida, asesinato durante la violación o en defensa del “honor” e infanticidio de un niño nacido como resultado de una violación.
¿Cuál es el mejor método para prevenir?
La OMS destaca que mientras en el pasado los métodos para combatir la violencia sexual se centraron mayormente en el sistema de justicia penal, hay un movimiento general hacia un enfoque de salud pública que reconozca que la violencia no es resultado de un único factor sino que es causada por múltiples factores de riesgo que interactúan a nivel individual, relacional, comunitario y social.
“Por consiguiente, para abordar la violencia sexual se requiere la cooperación de diversos sectores, como los de la salud, de la educación, de bienestar social y de justicia penal. El enfoque de salud pública busca hacer extensiva la atención y la seguridad a toda la población y pone énfasis principalmente en la prevención, velando al mismo tiempo porque las víctimas de violencia tengan acceso a servicios y apoyo apropiados”, sugiere.
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