HERMANAS MIRABAL. El Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra de cinco hombres que fueron arrestados durante varios allanamientos realizados en dos compañías de seguridad privada del municipio de Salcedo y en una sucursal en San Francisco de Macorís, durante los cuales fueron decomisadas 56 armas de fuego sin documentación.
La medida de coerción fue solicitada al Juzgado de la Instrucción en contra el regidor de Salcedo Frank Féliz Hernández, del Partido Humanista Dominicano (PHD).
También se solicitó prisión para Julio César Encarnación de los Santos, propietarios de las compañías Guardianes G3D y Profesional Detective And Services, Security Consulti Group, respectivamente, así como para Héctor Tobías Alba, Ramón Polanco Reyes y Juan Manuel Zapata Paulino, este último conocido también como José Manuel Zapata.
Las armas supuestamente eran adquiridas de manera ilegal por parte de las dos compañías, que también reclutaban en diferentes pueblos a extranjeros sin documentación migratoria legal para prestar servicios de seguridad en diferentes plazas comerciales, bancos, hoteles y residencias, poniendo en peligro las vidas de los ciudadanos, porque los mismos no fueron capacitados en técnicas de seguridad.
A través de una nota de prensa, la Procuraduría informó que el tribunal conocerá la solicitud de imposición de medidas de coerción el próximo miércoles partir de las 9:30 de la mañana.
El grupo ha sido acusado de violar los artículos 3, 45, 46, 48, 50, 51, 66, 67 y 70 de la nueva Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, señala la información.
Los allanamientos se llevaron a cabo en la oficina central de la compañía Guardianes G3D y en la empresa Profesional Detective And Services, Security Consulti Group, en el municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, y en una sucursal de la primera que funciona en San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.
El Ministerio Público explicó que los imputados fueron arrestados en el transcurso de una investigación que inició luego de una labor de inteligencia de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, la Fiscalía del Distrito Judicial Hermanas Mirabal y la Superintendencia de Seguridad Privada.
Indicaron que durante los allanamientos, además de las 56 armas de fuego, fueron ocupadas 108 masas de revólver, un chaleco antibala, dos bombas lacrimógenas, dos esposas, 33 cañones de escopetas, 20 correderas de pistola, una pulidora, una prensa, cápsulas para carabina, cápsulas para pistola calibre 45 y 5 armazones de revólver, entre otros objetos.
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