La noticia se conoció mientras un centenar de opositores y universitarios montaban guardia frente al tribunal de Caracas donde debe ser presentado Leopoldo López, uno de los líderes del ala radical de la coalició antichavista Mesa de Unidad Democrática (MUD).
La sede judicial estaba custodiada por las fuerzas de seguridad, que habían cerrado el paso vehicular en varios puntos de acceso, mientras los manifestantes gritaban consignas a favor del joven líder de Voluntad Popular, constataron reporteros de la AFP en el lugar.
López, a quien el gobierno tilda de ultraderechista, irrumpió este martes en un mitin opositor convocado por él mismo y se entregó a la policía, que lo buscaba por cargos de homicidio durante los desmanes en las manifestaciones estudiantiles, que han dejado además de cuatro muertos decenas de heridos en todo el país.
El dirigente, un economista educado en Harvard y con una dilatada carrera política, recibió el apoyo de la coalición opositora MUD, en especial de los partidos que secundan su táctica de protestas en la calle bajo el lema “La salida” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La fiscal general dijo que habrá que “esperar la culminación de la audiencia para saber dónde será recluido, si es que queda recluido”. Para el politólogo Ángel Oropeza, la detención de López pone en una situación complicada al gobierno, pues “deberá medir muy bien sus consecuencias políticas”. “Posiblemente lo tendrán retenido algunos días.
Si lo liberan ya, sería un signo de debilidad, pero si lo retienen mucho tiempo podrían estimular aún más las protestas opositoras y tendrían mucha más presión internacional”, explica este profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar (USB). Según él, lo único positivo que ha conseguido el gobierno con la detención es “salir del sofocón de tener que dar respuestas por la crisis económica que vive el país y trasladar el debate a un terreno donde siempre se ha manejado mejor, el de la confrontación política”. – Clímax – ==========
El martes Caracas fue escenario de sendas marchas opositora y oficialista, desarrolladas sin incidentes, que marcaron un clímax luego de dos semanas de protestas universitarias iniciadas en San Cristóbal (frontera con Colombia) en reclamo por la inseguridad y que fueron creciendo en magnitud, extendiéndose a todo el país e incorporando reclamos por la inflación, desabastecimiento y detenciones de estudiantes.
Ambos bandos se habían reprochado la temeridad de convocar a marchas que podían toparse en un país altamente polarizado y que tiene todavía presente los hechos de abril de 2002, cuando una manifestación opositora hacia el palacio presidencial derivó en un sangriento golpe de estado que derrocó brevemente al entonces presidente Hugo Chávez.
Pero por la noche y hasta bien avanzada la madrugada del miércoles distintos puntos de Caracas y del interior fueron escenario de pequeños focos de desmanes intermitentes, con quemas de basura y cortes de avenidas, además de cacerolazos, reportaron redes sociales y medios de prensa regionales y nacionales.
La tensión por las marchas tuvo repercusiones sobre las siempre volátiles relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Washington anunció que estudia “acciones” contra Venezuela en respuesta a la decisión de Maduro de expulsar a tres funcionarios consulares estadounidenses a los que acusó de injerencia en asuntos internos.
Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo, tiene a Estados Unidos como principal socio comercial pese a las permanentes desavenencias y roces políticos.
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