GUATEMALA .- Cuatro exmilitares guatemaltecos fueron condenados hoy por la Justicia de Guatemala a 6.060 años de prisión cada uno por la matanza de 201 campesinos en 1982, en uno de los más cruentos crímenes cometidos por el Ejército contra civiles durante la guerra interna que vivió el país entre 1960 y 1996.
La histórica sentencia fue emitida por el Tribunal de Alto Riesgo, que concluyó que los exintegrantes del grupo elite Kaibil del Ejército guatemalteco Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías, son responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato colectivo de los 201 campesinos, entre ellos más de un centenar de menores de edad.
Sin embargo, los cuatro condenados por el delito de asesinato solo deberán cumplir efectivamente la pena máxima de 50 años de cárcel cada uno, como dicta el Código Penal guatemalteco, según explicó la jueza que leyó la sentencia, Patricia Bustamante.
A esa pena se sumaron otros 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, lo que hace un total de 80 años de condena efectiva para cada uno de los exmilitares, dijo la jurista. La presidenta del Tribunal de Alto Riesgo, la jueza Jazmín Barrios, explicó a Efe que la sentencia debe ser confirmada por un tribunal de ejecución penal en los próximos días.
El Tribunal de Alto Riesgo está conformado por la presidenta barrios, los jueces vocales bustamante y Pablo Xitimul. Bustamante explicó que los exmilitares fueron condenados a 6.060 años de prisión por el asesinato de los 201 campesinos, perpetrado el 7 de diciembre de 1982 en la localidad Las Dos Erres, del municipio de La Libertad, en el departamento norteño de Petén.
La suma de 6.060 años es el resultado de sumar 30 años de cárcel por cada uno de los 201 asesinatos, más 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, de acuerdo a la explicación judicial.
A Carías, por su parte, se le impusieron otros 6 años de cárcel por el delito de hurto agravado, al haberse confirmado que saqueó la comunidad después de la matanza, por lo que deberá pagar en total 86 años de prisión, explicó la jueza Bustamante.
En su resolución, el Tribunal de Alto Riesgo explicó que fueron clave para la sentencia los testimonios de dos exmilitares también miembros del grupo Kaibil, César Franco y Flavio Pinzón, testigos de la Fiscalía y que están radicados en México.
La versión de estos dos exmilitares, indicó la resolución judicial, confirmó la presencia de Pop, Collín y Martínez en el lugar de la matanza, así como la colaboración que dio Carías a la patrulla Kaibil para que perpetrara la masacre.
La jueza Bustamante afirmó que en el juicio quedó demostrado que los militares actuaron de forma planificada, con "ensañamiento" y "perversidad" contra la población civil de Las Dos Erres, que solo se dedicaba a la agricultura.
La sentencia provocó un prologado aplauso en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, que fue abarrotada por familiares de las víctimas y activistas humanitarios, así como varias decenas de periodistas.
Mientras, los familiares de los exmilitares entraron en llanto, insistieron en la inocencia de los sentenciados, y anunciaron que a través de los abogados van a apelar el fallo. La jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Alto Riesgo, explicó a Efe que la sentencia debe ser confirmada por un tribunal de ejecución penal en los próximos días.
La histórica sentencia fue emitida por el Tribunal de Alto Riesgo, que concluyó que los exintegrantes del grupo elite Kaibil del Ejército guatemalteco Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías, son responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato colectivo de los 201 campesinos, entre ellos más de un centenar de menores de edad.
Sin embargo, los cuatro condenados por el delito de asesinato solo deberán cumplir efectivamente la pena máxima de 50 años de cárcel cada uno, como dicta el Código Penal guatemalteco, según explicó la jueza que leyó la sentencia, Patricia Bustamante.
A esa pena se sumaron otros 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, lo que hace un total de 80 años de condena efectiva para cada uno de los exmilitares, dijo la jurista. La presidenta del Tribunal de Alto Riesgo, la jueza Jazmín Barrios, explicó a Efe que la sentencia debe ser confirmada por un tribunal de ejecución penal en los próximos días.
El Tribunal de Alto Riesgo está conformado por la presidenta barrios, los jueces vocales bustamante y Pablo Xitimul. Bustamante explicó que los exmilitares fueron condenados a 6.060 años de prisión por el asesinato de los 201 campesinos, perpetrado el 7 de diciembre de 1982 en la localidad Las Dos Erres, del municipio de La Libertad, en el departamento norteño de Petén.
La suma de 6.060 años es el resultado de sumar 30 años de cárcel por cada uno de los 201 asesinatos, más 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, de acuerdo a la explicación judicial.
A Carías, por su parte, se le impusieron otros 6 años de cárcel por el delito de hurto agravado, al haberse confirmado que saqueó la comunidad después de la matanza, por lo que deberá pagar en total 86 años de prisión, explicó la jueza Bustamante.
En su resolución, el Tribunal de Alto Riesgo explicó que fueron clave para la sentencia los testimonios de dos exmilitares también miembros del grupo Kaibil, César Franco y Flavio Pinzón, testigos de la Fiscalía y que están radicados en México.
La versión de estos dos exmilitares, indicó la resolución judicial, confirmó la presencia de Pop, Collín y Martínez en el lugar de la matanza, así como la colaboración que dio Carías a la patrulla Kaibil para que perpetrara la masacre.
La jueza Bustamante afirmó que en el juicio quedó demostrado que los militares actuaron de forma planificada, con "ensañamiento" y "perversidad" contra la población civil de Las Dos Erres, que solo se dedicaba a la agricultura.
La sentencia provocó un prologado aplauso en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, que fue abarrotada por familiares de las víctimas y activistas humanitarios, así como varias decenas de periodistas.
Mientras, los familiares de los exmilitares entraron en llanto, insistieron en la inocencia de los sentenciados, y anunciaron que a través de los abogados van a apelar el fallo. La jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Alto Riesgo, explicó a Efe que la sentencia debe ser confirmada por un tribunal de ejecución penal en los próximos días.
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