RD extraditará a Francisco Alberto Cedeño Amparo, condenado a 114 años de prisión en Puerto Rico

 

Atendiendo una solicitud del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia autorizó la entrega en extradición de un dominicano solicitado por Estados Unidos para cumplir una condena de 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato en Puerto Rico.

Francisco Alberto Cedeño Amparo se escapó cuando era trasladado a la Corte de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, el día de la lectura de la sentencia que le fue impuesta por la muerte de un hombre a causa de heridas de arma blanca y por la tentativa de asesinato contra una mujer, dos hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2008.

En 2016, luego de su fuga hacia República Dominicana, las autoridades de Puerto Rico colocaron una alerta, que llevó a su arresto. En el proceso se estableció que anteriormente también se había fugado de la justicia puertorriqueña tras imponérsele el pago de una fianza de 1.5 millones de dólares.

El procurador adjunto Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y la fiscal Elvira Rodríguez representaron al Ministerio Público en el proceso de solicitud de extradición.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), constituida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, adoptó la decisión tras acoger la solicitud formulada por el Gobierno Estados Unidos, al establecer que fue incoada de conformidad con la normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de esa nación y de República Dominicana.

La Suprema Corte de Justicia ordenó que se ponga a cargo a la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión para que sea comunicada a la autoridad administrativa correspondiente para la emisión del decreto del Poder Ejecutivo que disponga la entrega del arrestado solicitado en extradición, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes que rigen la materia.

Contra el procesado se mantiene la medida de coerción consistente en prisión preventiva hasta tanto se disponga su extradición.

España acoge solicitud de extradición de un dominicano acusado de matar a una abogada

SANTO DOMINGO.- Un juzgado de España acogió la solicitud de extradición a República Dominicana de Ambioris Nepomuceno Rodríguez, principal acusado del asesinato en Santiago de la abogada Paola Languasco, en abril de este año.

El Juzgado Central de la Instrucción No. 001 de Madrid accedió a la petición de las autoridades dominicanas, según la Procuraduría General de la República, que aclara que la entrega policial o física del reclamando ha quedado en suspenso al tener en España responsabilidades penales pendientes de investigación.

“La información suministrada indica que todavía no se ha establecido la fecha de la entrega a las autoridades dominicanas, porque depende de las diligencias de investigación que se llevan a cabo por los tribunales españoles”, cita la Procuraduría.

Nepomuceno Rodríguez fue apresado en la ciudad de Burgos, España, en mayo, un mes después de la desaparición de Languasco, de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla de la urbanización Jardines del Norte, de la provincia Santiago, varios días después de su desaparición.

Por el caso están encarcelados, con imposición de prisión preventiva por un año, Cristino Antonio Mármol y Alejandro Pichardo Marte (Colita), este último deportado de Estados Unidos, luego de cumplir condena por drogas.

Supuestamente habrían cobrado para desaparecer el cuerpo de la abogada.

Paola Languasco desapareció el 19 de abril, después de salir de su residencia de Puerto Plata para ir a Santiago a encontrarse con Nepomuceno Rodríguez.

Intervienen 16 cuentas bancarias de oficial retirado que decidió entregarse a EE.UU.

SANTO DOMINGO. El ex jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), general retirado Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, a quien le intervinieron 16 cuentas e incautaron seis bienes inmuebles, entre ellos dos locales comerciales, decidió irse voluntariamente hacia los Estados Unidos, a los fines de afrontar tres cargos de narcotráfico relacionado con la red internacional del ex capitán del Ejército, Quirino Ernesto Paulino Castillo.

"Declaro que es mi deseo irme voluntariamente, no he recibido presión ni he sido constreñido para decidirme voluntariamente, me han incautado bienes", declaró ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, presidenta, Frank Soto Sánchez, Alejandro Moscoso Segarra y Esther Angelán Casasnovas.

Hiraldo Guerrero compareció a las 9.00 a.m. a la continuación de un proceso de extradición que se le seguía en la SCJ.

Ramón Pina Acevedo, uno de sus abogados, declaró que el alto oficial retirado declara ser "absolutamente inocente de los cargos que se le imputan, y lo hace por entender que es un trámite y no un juicio, por lo que ha convenido irse voluntariamente".

Germán Miranda Villalona dijo que los productos bancarios que se afectaron, pertenecen tanto a Hiraldo, como a su esposa, su suegra y otras personas cercanas.

Capturan coronel retirado Marina de Guerra vinculado a red narco dirigía Quirino

La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), arrestaron este miércoles a un coronel retirado de la Marina de Guerra, que es reclamado en extradición por las autoridades de Estados Unidos por su vínculo con la red de narcotráfico que dirigía el ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo.

El informe de la solicitud de extradición señala que dentro de los testimonios, uno de los testigos refiere que en el 2008 el ex militar le dijo que para proteger un cargamento especifico de 700 kilogramos de cocaína, él prefería recibir el pago en droga en lugar de dinero, ya que contaba con medios para enviarla a territorio americano y obtener así un beneficio mayor.

Los otros dos testigos hablan de la protección que recibieron: uno en el año 2003 para enviar a los Estados Unidos  300 kilogramos de cocaína y otro en el año 2004, en una operación de envío de 1,300 kilogramos de cocaína al mismo país, operación ésta que le resultó finalmente fallida cuando la droga fue incautada en Santo Domingo el 18 de diciembre de 2004, y fueron arrestados varios de los implicados.

Hiraldo Guerrero fue apresado esta mañana, durante un operativo realizado en esta capital, luego de una orden de arresto emitida en su contra por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, a donde deberá ser llevado el detenido para su extradición.

La información fue dada a conocer en rueda de prensa por el procurador Francisco Domínguez Brito y el director de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, quienes expresaron que el coronel retirado Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, le daba facilidades a la red de Paulino Castillo para sus operaciones y que también participaba de manera directa.

Domínguez Brito señaló que no se descarta que otros militares sean requeridos por las autoridades norteamericanas con relación a este caso.

Explicaron que Hiraldo Guerrero, quien fungiría como jefe de operaciones de la DNCD, en el período 2006-2008, le daba todo tipo de protección a esta red para el ingreso exitoso de droga a la República Dominicana, facilitando posteriormente su salida hacia territorio estadounidense.

La acusación en contra de Hiraldo Guerreo, quien aceptó irse voluntariamente en extradición, radica en cuatro cargos por narcotráfico en hechos ocurrido desde el 2001 al 2009 en donde contravino el deber que le imponía su posición pública, constituyéndose en agente del narcotráfico internacional.

Domínguez Brito sostuvo que la cantidad de droga traficada y las ganancias deducidas por Hiraldo Guerrero fueron muy altas, tras señalar que uno de los testigos en el caso habla de unos 25 viajes con promedio de 400 kilogramos de cocaína por viaje, durante los años 2004-2009, los cuales representaba un beneficio económico de unos 100 mil dólares por viaje para el ex coronel.

De acuerdo a Rosado Mateo, Hiraldo Guerrero duró 14 años en varias unidades del organismo antinarcótico del año 2001 al 2009.

Extraditable dice dio cheque a Leonel Fernandez

El extraditable Oscar Ezequiel  Rodríguez Cruz, solicitado por  Estados Unidos para juzgarlo por narcotráfico, confirmó este miércoles que  entregó al presidente Leonel Fernández un cheque por un valor 500 mil pesos, y dijo que el mandatario tendría que ser muy descarado para decir que no lo conoce.

Entrevistado en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, previo al inicio del conocimiento de la audiencia de su extradición, Rodríguez Cruz declaró que es amigo del ex secretario de Educación Melanio Paredes “y del hijo del presidente Fernández, Héctor”.

Remitió a los periodistas a que le pregunten a Melanio Paredes y al hijo del Presidente sobre cómo eran sus relaciones con el doctor Fernández. Sostuvo que ciertamente emitió un cheque por 500 mil pesos a nombre del presidente Fernández y que solo él y nadie más podía cambiarlo. El cheque  habría sido emitió el 6 de mayo  2004.

Cuando  el cheque fue dado a conocer a la opinión pública, el candidato vicepresidencial del PRD, Luis Abinader, sostuvo que ese cheque  tendría el propósito de utilizarse para la campaña reeleccionista del mandatario, pero aclaró que eso no significa que el presidente Fernández sea cómplice de  actividades ilícitas de Rodríguez Cruz.

 Con sus declaraciones, Abinader salió al paso a lo que denomina “campaña sucia del Gobierno” en contra del candidato presidencial del PRD, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, a quien se trata de vincular con Rodríguez Cruz quien tiene un movimiento a favor del expresidente.

Aseguró que Rodríguez Cruz no ha aportado un centavo para la campaña electoral del candidato presidencial del PRD ni está agrupado en ninguno de los movimientos externos.

Abinader explicó que el movimiento en favor de Mejía se hizo de forma espontánea y sin consultar a nadie en la dirigencia.

El candidato vicepresidencial dijo que las autoridades del Gobierno “se dieron cuenta ahora” de la existencia de Rodríguez Cruz, después de dos años de estar pedido en extradición y por esa ineficacia   debieron haber renunciado de la Dirección Nacional  por no cumplir las funciones de sus cargos.

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Crímenes evitarían extradición Toño Leña

Varias muertes alegadamente cometidas en el país por el recluso  Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) podrían imposibilitar su extradición hacia los Estados Unidos, nación que lo requiere para juzgarlo por  narcotráfico.

Toño  Leña tenía ayer miércoles juicio en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en donde se presentaron como intervinientes los abogados Juan Luís Mora y Ramón Leonardo Sánchez Reyes, en representación de una señora que alega que éste  mató a dos personas en las inmediaciones de Guayacanes, San Pedro de Macorís.

Alegan  que, por el momento Toño Leña no puede ser extraditado, en razón de que  debe responder por este caso ante la justicia dominicana.

A ese caso se le suma el del doctor Carlos  Carlos Balcácer, quien también se presentó por ante el Tribunal como interviniente voluntario en representación de una persona que, afirma, le tiene un proceso judicial abierto por homicidio en La Romana.

 El abogado se presentó en nombre de Francisco Javier Rodríguez Camacho, quien le tiene un proceso abierto por homicidio.

Balcácer dijo que está establecido que si un solicitado tiene un proceso judicial abierto en su país de origen, ésta no procede.

El tribunal rechazó ayer la intervención en el proceso de Balcácer, lo que motivó que este los recusara por alegada complicidad con las autoridades de los Estados Unidos.

Esto provocó que los jueces se inhibieran y suspendieran el conocimiento del proceso hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia falle la recusación.

Procuraduría condiciona extradición Eddy Brito y demas implicados red Figueroa Agosto

El procurador general de la República condicionó este jueves la extradición del recluso Eddy Brito y de otros implicados en la red del capo José David Figueroa Agosto, “a que la acusación que presenten las autoridades de Puerto Rico sean más contundentes que las instrumentadas por las dominicanas”.

El doctor Radhamés Jiménez Peña sostuvo que el Ministerio Público está dispuesto a viabilizar la extradición, pero recordó que Brito tiene un proceso en curso en el país.

“Estamos dispuestos a evaluar las motivaciones de la extradición y no tenemos ningún impedimento de autorizarla, pero primero debemos evaluarla”, indicó.

Las autoridades puertorriqueñas han expresado disposición de solicitar la extradición de Brito, tras presentar cargos en su contra por narcotráfico, porque afirman era el tercer hombre del grupo de Figueroa Agosto.

Jiménez Peña precisó “cuando llegue la solicitud, nosotros vamos a evaluarla. Si lo amerita y si los cargos y pruebas que ellos tienen en Puerto Rico son mucho más contundentes, y conlleva sanciones mucho más drásticas que las nuestras, el Ministerio Público tiene previsto hacer los trámites”.

Adujo que las autoridades adoptarán las medidas más correctas, pero siempre acorde con las Leyes dominicanas.

Apuntó que la justicia Norteamérica y la República Dominicana están trabajando en coordinación, lo que ha permitido avanzar los trabajos en la captura los demás integrantes y desmantelar la red que dirigía Figueroa Agosto.

El Procurador habló a su salida de una visita que realizó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el peledeista de Santiago, Demóstenes Martínez.

quien estudia la Ley Orgánica del Ministerio Público, entre otras leyes.

Abordado sobre las declaraciones del senador Wilton Guerrero, de que prefiere que se extraditen todos los involucrados con Figueroa Agosto, porque no confía en la justicia dominicana, el jefe del Ministerio Público expresó:

“Siempre ha sido una inquietud del señor senador. Nosotros compartimos que la lucha contra el crimen organizado no puede tener frontera, pero existe la firme voluntad por lo menos por parte del Ministerio Público, de hacer frente, de combatir en todos su ámbitos la delincuencia y narcotráfico, caiga quien caiga”.

Al preguntarle al Procurador Jiménez Peña sobre la existencia de debilidades en la justicia dominicana, dijo que “puede que sí que las hayas, pero los esfuerzos que se están haciendo han comenzado a dar resultados”.

Apreció que la justicia dominicana cuenta con independencia para juzgar a los imputados.

Se preguntó sobre unas declaraciones atribuidas al director del DPCA que criticó las debilidades de la Justicia, las cuales ha impedido un mayor castigo para los responsables de casos de corrupción en la administración pública, sobre todo en el Ministerio Público.

Jiménez Público puntualizó: “No he visto esa declaraciones, tendría que verla para opinar. Pero en el Ministerio Público no hay debilidades, pues hemos hechos esfuerzos, pero al menos él está al frente del DPCA y ha recibido todo el apoyo, de todo modo, yo quiero ver las declaraciones”, indicó.

Apresan mujer pedida en extradición por EE.UU.

SANTO DOMINGO.- Una mujer solicitada en extradición por Estados Unidos, para juzgarla por alegados cargos de tráfico de heroína, fue apresada la noche de este lunes por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), atendiendo un mandamiento dictado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La imputada es Elisania Pérez Gil, reclamada por una Corte Penal del Distrito Sur de Nueva York, donde se le acusa de presunta conspiración para distribuir y poseer heroína, según un informe dado a conocer por el portavoz de la DNCD, Roberto Lebrón. La detenida se encuentra en la sede central de la agencia antidroga.

Pérez Gil, madre de un niño de pocos meses de nacido, fue detenida en su vivienda ubicada en la calle Los Claveles número 16 del sector Los Jardines de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, donde la sospechosa reside con sus esposo y sus padres, según comunica la DNCD en una declaración escrita.

El arresto fue autorizado por la SCJ mediante la Resolución 2342-09, emitida el 17 de agosto de 2009, a partir de un expediente presentado por la Procuraduría General de la República ante esa instancia judicial. Su expediente en EEUU es el número 09-CRM-333, registrado el 6 de abril de ese año, está a cargo del juez Henry Pitman.

La SCJ acogió en su fallo las razones expuestas por la justicia estadounidense para el arresto de Pérez Gil, aunque el tribunal advirtió que la prisión preventiva de la imputada no puede exceder de dos meses en República Dominicana, tiempo que considera suficiente para que sean aportadas las pruebas para decidir la extradición.

Aclaró que Pérez Gil debe ser presentada ante la Cámara Penal en un plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha de arresto, a los fines de analizar la procedencia del envío de ésta a Nueva York, como lo plantea la Fiscalía General de los Estados Unidos en ese Estado de la Unión Americana.

Sin embargo, el tribunal no especifica en su fallo en qué fecha fueron cometidos los hechos atribuidos a la ciudadana dominicana, limitándose a señalar que a la luz del artículo 163 del código Procesal Penal procede la coerción emitida en perjuicio de Pérez Gil. Tampoco se mencionan a eventuales cómplices de la imputada.