El magistrado Domínguez Brito adoptó la decisión mediante resolución en función de lo dispuesto en los ordinales 2 y 3 del dispositivo de la sentencia del caso del profesor Narciso González, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el 2 de mayo del año 2010.
La medida fue dispuesta en procura de dar cumplimiento efectivo al mandato constitucional dominicano, que establece que la PGR es la institución encargada de la protección, salvaguarda y defensa de los derechos humanos y fundamentales, aspectos en lo que viene implementado numerosas acciones, para la protección y ejercicio pleno de los derechos humanos, como eje transversal de sus funciones.
“Entendemos imperativo el respeto y promoción de los derechos fundamentales que protegen a todo ser humano, dando fiel cumplimiento a la Constitución dominicana y los tratados internacionales sobre la materia”, expresa el máximo representante del Ministerio Público.
En la resolución, remitida a la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, el Procurador General indica que su ejecución estará a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.
La sentencia del CIHD establece que el Estado dominicano debe continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar, y en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada del profesor Narciso González, así como efectuar una búsqueda en la cual realice todos los esfuerzos necesarios para determinar su paradero.
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