De acuerdo a abogados especialistas, entre ellos los penalistas Frank Reynaldo Fermín y Carlos Olivares, volver a interrogar a una persona por un caso que ya fue archivado por el Ministerio Público y que además está pendiente de una decisión en la SCJ, es una flagrante violación a las leyes, independientemente de que sea o no culpable o inocente. Para el penalista Fermín, la citación que se le ha hecho al senador Bautista es un asunto grave, en virtud de que el Código Procesal Penal prohíbe el doble enjuiciamiento y la doble persecución judicial.
“Esa situación la prohíbe tajantemente el Código Procesal Penal, porque entiende que con eso se vulnera el derecho fundamental de las personas, en este caso el de Félix Bautista. La obligación es esperar, entiendo yo, a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia decida ese caso”, opinó Fermín. En términos similares se expresó el penalista Olivares, quien dijo que se trata de una citación improcedente, en razón de lo que establece el principio de que nadie debe ser juzgado dos veces por una misma causa.
“Entiende que el procurador debe establecer la claridad de la razón por la cual está citando al legislador, porque si es por el hecho que se apoderó a la Suprema Corte de Justicia, no puede”, precisó Olivares. Añadió que si parte de un hecho juzgado, como alega Bautista, no procede la citación que se le está haciendo por parte de la Procuraduría General de la República.
Bautista se resistió a ser interrogado por el Ministerio Público y emplazó al procurador Francisco Domínguez Brito, para que en tres días, ya cumplidos, le comunique el hecho punible, las pruebas y las disposiciones legales por las que el 16 de febrero lo citó a comparecer por ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa.
Mediante un acto de alguacil que le notificó el 17 de febrero, Bautista le recuerda al procurador que las “infracciones graves” que habría cometido durante su gestión en la Oficina de Ingeniero Supervisora de Obras del Estado fueron “minuciosamente” investigadas, y que esas investigaciones culminaron en 2012 con un auto dictado por el exdirector anticorrupción Hotoniel Bonilla García, que ordenó el archivo de la investigación. Ese auto tuvo tres recursos de objeción, de cuyo conocimiento y decisión está apoderada la Suprema Corte de Justicia, sostuvo Bautista.
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