El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de La Altagracia fijó para el 22 de noviembre la audiencia a dos curas y varios feligreses acusados de violar sexualmente a nueve menores en el Hogar “La Ciudad de los Niños, San Francisco Javier”, de San Rafael del Yuma, Higüey, en el 2005.
Los jueces Sagrario del Río, presidenta; Vicente Marte Jiménez y Arístides Heredia Sena procesarán a los curas Cirilo Antonio Núñez y Ramón Antonio Betances, los feligreses Margarita Gardin viuda González, Alejandro del Rosario Divison y Rosa Elena Mota.
El tribunal fijó la audiencia luego que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís remitiera el expediente para que conozcan el caso.
El tribunal de segundo grado dispuso la extradición al país del ex sacerdote Betances, para que sea interrogado con respecto al caso e incluyó a Henry Concepción Santana.
El grupo está acusado de violar los artículos 330 y 331 del Código Penal, en perjuicio de las menores del Hogar de Niños Francisco Javier de San Rafael del Yuma.
El diácono Rigoberto González Radial, responsable del albergue “La Ciudad de los Niños, San Francisco Javier”, falleció el 7 de enero del 2006 en una clínica de Santiago.
Antonia Rodríguez, una de las madres que tenía dos hijos en el albergue, sostuvo en esa ocasión ante el tribunal que a los niños los ponían a hacer sexo oral, lesbianismo y eran filmados por lo que ella supone que era para vender esos vídeos en el exterior.
La señora Rodríguez dijo que sus hijos le narraron todo lo sucedido y que el primer caso de violación sexual de menores en el albergue San Francisco de Javier ocurrió en el 2002.
Las investigaciones de dos sacerdotes vinculados a las violaciones de menores en el albergue de Higüey, fueron obstruidas en ese momento por el ministerio público según denunciara el entonces administrador de "La Ciudad del Niño, San Francisco Javier" Rigoberto de Jesús González Padial.
Dijo que no se explica, por qué si desde el principio los sacerdotes Núñez y Betances fueron mencionados por las niñas durante las investigaciones no habían sido requeridos.
Para que esos sacerdotes figuraran en la acusación tuvo la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís que incluirlos y ordenar prisión.
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