La Procuraduría General de la República retomó este jueves el caso que por alegados actos de corrupción se le seguía al senador peledeísta Félix Bautista, tras pedirle a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que anule el auto mediante el cual se dispuso el archivo definitivo del expediente.
La información fue ofrecida en rueda de prensa por el procurador Francisco Domínguez Brito, quien explicó que se trata de un pedido de anulación de un auto dictado el 13 de agosto de este año por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, a favor de Bautista.
Domínguez Brito declaró que se solicitó a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la anulación del citado auto, porque carece de seriedad y fundamento jurídico.
Precisó que el Ministerio Público no tiene facultad para archivar de manera definitiva un expediente, razón por la que pide a la Cámara Penal del máximo tribunal de justicia que anule el auto dictado a favor de Bautista, a los fines de que le permita a las nuevas autoridades retomar la investigación.
Bautista fue favorecido con auto de archivo del expediente a pocas horas del cambio de gobierno, por considerar que no hay fundamento para la acusación que en su contra hizo el Partido Revolucionario Dominicano y a la Alianza Dominicana contra la Corrupción.
“Archivar de manera definitiva, con todas sus consecuencias, el proceso iniciado contra Félix Bautista, en ocasión de los reportajes periodísticos, denuncias y querellas interpuestas por el Comando de Campaña del PRD, representado por César Cedeño, reiterada por la Comisión de Justicia y por la doctora Josefina Juan, Rafael Percival Peña, Juan Tomás Taveras y otros”, explica el acto de archivo que en ese entonces se dictó a favor de Bautista.
Para archivar las denuncias, Hotoniel Bonilla, director de la DPCA, dice que los hechos atribuidos a Bautista no constituyen una infracción penal.
Bautista fue acusado por varias entidades, entre ellas el PRD, que le atribuye haber malversado más de 112 millones de dólares propiedad del Estado.
Entre las acusaciones figuran un contrato con la empresa Sun Land, el cual fue concertado sin la aprobación del Congreso Nacional.
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