SANTIAGO.- Con
asombro, indignación e incredulidad ha reaccionado la sociedad
santiaguera ante la boda en la Catedral de esta ciudad de un hombre que
guarda prisión por haber asesinado a su esposa embarazada en el 2009,
con una mujer que recientemente logró su libertad tras purgar una
condena de cinco años por venta de drogas. El arzobispo de aquí
afirma que desconocía que la boda se realizaría en ese lugar , aunque
las autoridades carcelarias aseguran lo contrario.
La actitud de quienes están perplejos por la celebración del
matrimonio de Miguel Vladimir Morán y Yáscara Vargas, estriba en que esa
unión fue bendecida en el principal templo religioso de esta
arquidiócesis, sede principal desde donde monseñor Ramón Benito de la
Rosa y Carpio ejerce su ministerio.
El arzobispo De la Rosa y Carpio se ha destacado por sus críticas en
contra de los delincuentes, de manera especial de los asesinos de
mujeres y los narcotraficantes.
No obstante esas reiteradas posiciones de la principal autoridad
católica de aquí, la Catedral Santiago Apóstol el Mayor sirvió de
escenario el pasado jueves para que un feminicida y una ex convicta
contrajeran matrimonio. El templo fue cuidadosamente engalanado, como si
se tratara de las bodas de dos celebridades de la sociedad santiaguera.
La singular boda, primera que se produce en ese centenario lugar con
dos contrayentes condenados judicialmente por graves delitos, es la
comidilla desde el viernes en esta ciudad.
Visitantes de lugares públicos, como supermercados, cines, parques y
plazas, comentan el hecho que tildan de vergonzoso, al tiempo de
considerar que se trató de algo que no debió ocurrir, mucho menos en la
Catedral.
Algunos coincidieron al señalar que, aunque la ley no prohíbe el
matrimonio entre violadores de las leyes, el Arzobispado debió
cerciorarse del pasado de los novios, como lo hace la Iglesia en bodas
normales y así evitar algo tan nocivo para el nombre de esa religión.
La mañana de este sábado, monseñor De la Rosa y Carpio, a través del
encargado de prensa del Arzobispado, Lennis Betancourt, informó que
sabía que en la Catedral se celebraría la boda de dos convictos del
Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, pero ignoraba las causas de
sus apresamientos.
Recordó que la Iglesia Católica cree en la conversión y el
arrepentimiento de las personas, por lo que propicia el sacramento del
matrimonio de reclusos, pero que está consciente que los delitos
cometidos por esos dos contrayentes socialmente son imperdonables.
Aunque Betancourt garantizó que De la Rosa y Carpio no estuvo
presente, la Procuraduría General de la República y la Dirección General
de Prisiones, organismos que autorizaron la boda, hicieron pública una
declaración en la que dicen lo contrario y que incluso “él (monseñor)
acudió a felicitar a los novios y valoró este tipo de pasos dados por
los internos”.
Y “pidió a la sociedad santiaguera brindar una segunda oportunidad
para aquellos que cayeron en las garras por cometer delitos penalizados
por las leyes nacionales vigentes que los privó de su libertad”.
Además, que en otras ocasiones en Rafey se habían organizado tres
bodas más entre exconfinados y ex reclusas, algunos con penas cumplidas,
que se enamoraron cuando guardaban prisión.
“Esta nueva unión ha sido diferente a las anteriores, porque fue
llevada hasta el altar en la Catedral Santiago Apóstol”, admitió la
Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones
en el documento de prensa.
Como celebrante del enlace actuó el padre Ricardo García, encargado
de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Santiago, actividad que
formó parte de las actividades con motivo de las fiestas patronales de
esta ciudad que se desarrollaron del 13 al 25.
Morán guarda prisión en Rafey desde finales de junio de 2009, al ser
apresado una semana después que mató a su esposa, Candy Fior Filpo
Espinal, de 27 años, en la carretera que conduce a la comunidad Don
Pedro.
Meses después fue condenado a 13 años por el feminicidio, de los
cuales ha cumplido cinco. En el reclusorio conoció a Yáscara Vargas, que
cumplía una pena de cinco años por venta de drogas, en el Centro de
Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey-Mujeres.
Inmediatamente fue apresado e interrogado por las autoridades, Miguel
Vladimir Morán admitió haber cometido el crimen en medio de una riña
que sostuvo con su mujer, debido a un déficit de dinero en su negocio de
ferretería, propiedad de ambos.
La mujer con unas siete semanas en gestación fue herida de bala en el
lado derecho del cuello sin salida que le provocó la muerte,
falleciendo instantáneamente.
En ese entonces la Policía informó que para cometer el hecho Morán
utilizó una pistola marca Taurus Milenium calibre 9 milímetros, que la
portaba de manera legal.