La diputada exprostituta que espera revolucionar el Congreso dominicano

SANTO DOMINGO, República Dominicana. Fue violada de niña, maltratada por su marido y ejerció la prostitución. Pero cuando

Jacqueline Montero asuma como diputada en agosto, las trabajadoras sexuales tendrán una voz única en la legislatura, de una mujer que conoce de primera mano sus penurias y que está dispuesta a impulsar leyes llamadas a causar revuelo en esta nación mayormente conservadora.

Montero, de 46 años, se crió en la casa de una cuñada de su madre y fue violada numerosas veces de niña por un familiar. Se casó a los 16 años con un hombre que la golpeaba y terminó haciéndose prostituta.

“Sé lo duro que es tener que salir (a buscarse la vida) porque tu familia no tiene comida; cuando una no tiene ni qué comer, una sale con el primero (hombre) que aparezca”, dijo Montero en la oficina de una organización de asistencia a prostitutas que encabeza, amueblada con lo básico y en cuyas paredes exhibe los diplomas que obtuvo tras dejar la prostitución y certificados de diferentes conferencias internacionales sobre trabajadoras sexuales a las que ha asistido.

“Si no me hubiesen violado cuando yo era niña y los adultos me hubiesen creído, no hubiese sido trabajadora sexual”, dice la mujer que habita en la empobrecida zona de Haina, quien se prostituyó durante casi una década luego de que su marido la abandonó tras varios años de maltratos.

Madre de 15 hijos y licenciada en teología

Montero tocó fondo y decidió cambiar su vida cuando recibió una paliza de un cliente que se negaba a usar condón y de un accidente vial que la dejó postrada en cama ocho meses. En 1998 se puso a estudiar enfermería mientras seguía ejerciendo la prostitución y comenzó a involucrarse en el activismo social al trabajar como pasante a una clínica que atendía principalmente a trabajadores sexuales y a población con VIH.

Profundamente religiosa, más adelante estudió la licenciatura en teología en la Universidad Cristiana, en donde se graduó en 2014.

Hoy es madre de 15 hijos, tres biológicos, dos de ellos de un cliente, y 12 adoptados cuyas madres biológicas son trabajadoras sexuales que pretendían abortarlos.

Ahora, después de una década de activismo y haber sido regidora en Haina desde 2010, espera aprovechar sus experiencias para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales desde el Congreso.

Confía que con su propia historia, narrada en un libro que recopila biografías de trabajadoras sexuales, va a concienciar a los diputados y al país sobre la crudeza del trabajo sexual y hacerles entender que las prostitutas “no llevan una vida alegre, que una no elige para gozar; sino que es una vida terrible”.

Montero, quien alcanzó la diputación por la provincia San Cristóbal como candidata del Partido Revolucionario Moderno, convertido tras los comicios de mayo pasado en la segunda fuerza política del país, trabaja en la actualidad en dos proyectos de ley para promover los derechos de las prostitutas y para crear oportunidades laborares a las mujeres jóvenes a fin de evitar que se involucren en el trabajo sexual.

O para que quienes ya lo ejercen, puedan dejarlo con la garantía de tener una posibilidad de empleo.

“Quiero que las compañeras (trabajadoras sexuales) tengan seguridad social, seguro médico” y sean beneficiarias de los programas gubernamentales de subsidios, narró al describir uno de los proyectos que prepara.

“Quiero que las compañeras (trabajadoras sexuales) tengan seguridad social, seguro médico” y sean beneficiarias de los programas gubernamentales de subsidios, narró al describir uno de los proyectos que prepara.

En otro proyecto, Montero propondrá crear centros de capacitación laboral y de asistencia legal y psicológica para que las trabajadoras sexuales puedan buscar nuevas opciones y dejar la prostitución.

El proyecto se basa en los programas que Montero comenzó a desarrollar como regidora y a través del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), una organización no gubernamental que ella preside, con financiamiento de donaciones de organizaciones religiosas e internacionales y el apoyo de instituciones del gobierno.

Para Darío García, director ejecutivo de la Coalición ONG-Sida, la elección de Montero es “un éxito de la sociedad civil” porque representará en el Congreso a los grupos vulnerables que están “más expuestos a la violencia, a la humillación y al sida”.

La nueva diputada será la encargada de presentar un proyecto de ley coordinado por la institución del gobierno encargada del VIH para prohibir y penalizar la discriminación contra grupos vulnerables, como la comunidad LGBT (lesbianas, gay, bisexueales y transexuales), los trabajadores sexuales, los envejecientes y personas con sida.

Montero está consciente de que aún enfrenta el estigma de una sociedad mayoritariamente religiosa y conservadora y que los proyectos de ley que presentará en el Congreso crearán polémica.

Lo que dicen las iglesias

El pastor Fidel Lorenzo, presidente de la asociación de iglesias evangélicas, advirtió que su agrupación se opondrá a un proyecto de ley que conceda derechos laborales a las prostitutas porque sería reconocer legalmente el trabajo sexual. “Siempre que estén optando por legalizar esa práctica, aunque se nociva a la propia salud emocional de la persona, no creo que vamos por buen camino y obviamente no vamos a estar de acuerdo”, insistió el líder religioso.

El trabajo sexual en República Dominicana no está regulado y un vacío legal permite que una persona se prostituya sin que se considere un delito. La explotación sexual, el proxenetismo y la trata de personas sí están penalizados.

Montero “representa una idea, la idea de la no discriminación, la idea de la igualdad de género, la idea de la participación social igualitaria de la mujer y el hombre”, consideró Santo Rosario, coordinador de la organización no gubernamental Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), que desarrolla programas para mejorar la calidad de vida de grupos marginados, especialmente LGBT, prostitutas y personas con VIH.

Ya en el pasado, Montero ha tenido diferencias con líderes religiosos, con legisladores y con el procurador general, Francisco Domínguez, quien en 2013 intentó que los usuarios de la prostitución fuesen procesados penalmente como una forma de combatir el trabajo sexual, la explotación y la trata de personas en un país donde miles de mujeres y hombres ofrecen a diario servicios sexuales a extranjeros en las paradisiacas playas.

Montero se opuso abiertamente a la propuesta y ha insistido en que la única forma de que las mujeres dejen el trabajo sexual es ofrecerles instrucción en algún oficio, capacitación en materia de derechos y autoestima y la posibilidad de empleo.

“¿Qué hago yo sacándolas del trabajo sexual, si no puedo ofrecerles trabajo?”, dice Montero.

Lo que hizo como regidora

Montero asumió su puesto como regidora en 2010 y en septiembre de ese año abrió un centro de capacitación para ofrecer clases de belleza a 265 trabajadoras sexuales. Luego de graduarse, muchas de ellas dejaron la prostitución y algunas comenzaron a estudiar.

En los años siguientes, Montero y Modemu abrieron otros tres centros de capacitación en Haina, en donde unas 600 mujeres, algunas de ellas trabajadoras sexuales, se han capacitado como estilistas, costureras y artesanas.

Montero también logró un acuerdo con la institución del gobierno Banca Solidaria a fin de ofrecer microcréditos de entre 5.000 y 40.000 pesos (unos 110 a 900 dólares) a las mujeres para ayudarlas a abrir negocios.

Cerca de 300 mujeres asumieron microcréditos y comenzaron sus propias microempresas.

Aunque no existen cifras oficiales, un informe de la organización Tú Mujer y el Fondo de Naciones Unidas para la Población estimó en 2013 que República Dominicana ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial como país de origen de mujeres que son prostituidas en otras naciones.

Diversas organizaciones locales estiman que cerca de 200.000 dominicanas se prostituyen dentro o fuera del país y se enfrentan a la discriminación en centros de salud y al tratar de insertarse en empleos formales.

“Ya de discriminación estoy a prueba de bala, yo voy (al Congreso) preparada”, dice Montero. AP/Ezequiel Abiu Lopez

Trabajadoras sexuales serían incluidas en el Seguro Familiar de Salud

SANTO DOMINGO. El director del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (Conavihsida) inició una negociación con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) para la inclusión de alrededor de 6,000 trabajadoras sexuales al Régimen Subsidiado del Seguro Familiar de Salud (SFS), con el fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, a ese segmento de la población.

Así lo informó Víctor Terrero, quien dijo que técnicos de las dos entidades trabajan en el diseño de la estrategia a emplear, para ver la forma en qué se hará la inclusión, que tomaría carácter formal con la firma de un acuerdo entre él y Chanel Rosa Chupany, director ejecutivo del Senasa.

La afiliación se iniciaría con las trabajadoras sexuales inscritas en el Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) que preside Jacqueline Montero, defensora de los derechos del sector ante el Conavihsida, con voz y voto. De las 6,000 trabajadoras del Modemu, 500 ejercen las labores de orientación entre sus pares.

En términos de salud, Terrero dijo que significará para las trabajadoras sexuales mayor cobertura de servicios de salud, atenciones en estudios especializados, cobertura de enfermedades de alto costo y acceso a medicamentos.

De acuerdo con datos del Conavihsida, en el país en el país hay 91,725 trabajadoras sexuales, de las cuales 86% usan condones.

Dijo que ese sería un importante logro del sistema sanitario, así como del Gobierno en materia de Seguridad Social.

“Ha sido un esfuerzo en que todos los sectores del país estén incluidos en la seguridad social, que de hecho fue un compromiso de campaña del presidente Danilo Medina”, recordó.

Señala que es un compromiso de inclusión de todos los sectores y en ese orden, le toma la palabra al Presidente Medina.

El director de Conavihsida habló del tema, al participar en el taller “VIH y Políticas de protección social para problemas clave”, dirigido a periodistas, a líderes comunitarios y a representantes de distintas instancias del gobierno.

La intención el evento fue motivar a la reflexión sobre el estigma y la discriminación contra la población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexual (LGBTI).

Meta de afiliación

Senasa tiene como meta para este año afiliar 400,000 personas al Régimen Subsidiado.

Recientemente iniciaron con el proceso de afiliación de 50,000 trabajadoras domésticas y sus dependientes directos.

Si se logra afiliar a las trabajadoras sexuales, se estaría garantizando el derecho y  la universalidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social. 

Cuero mata a otra compañera por echarle jabón al salcocho

HATO MAYOR, República Dominicana.- Una trabajadora sexual mató de cuatros puñaladas a una compañera según informaciones por un salcocho que sabía a jabón, el hecho sucedió la madrugada de este jueves en las proximidades de un burdel  conocido como “Blue Night”, ubicado a la salida Hato Mayor, El Seibo.

La víctima fue identificada como Margarita Batista, nativa de San Juan de la Maguana, quien tenía varios meses laborando en el negocio antes mencionado.

La agresora solo fue identificada con el nombre de Kenia, la cual huyo del lugar tan pronto cometió el hecho.

Batista murió llegando al hospital Leopoldo Martínez, tras recibir heridas punzo penetrantes en pecho, espalda y brazo izquierdo.

Tras el hecho de sangre, las autoridades judiciales y policiales apresaron a unas ocho prostitutas, incluyendo a una hermana de la matadora, que también prestaba servicios sexuales en la reconocida casa de citas.

Autoridades acuerdan respetar derechos de las prostitutas

La Policía Nacional por medio de su Instituto de Dignidad Humana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) , la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas acordaron mediante un documento, el respeto de los derechos de las trabajadoras sexuales, la garantía de su acceso a los servicios de salud, entre otros puntos.

El documento fue firmado como parte del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables e incluye el compromiso de capacitar y sensibilizar a policías y fiscales sobre los derechos de estos grupos y que hacen trabajo sexual.

Por la sociedad civil firmaron el acuerdo el Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), encabezada por su directora Jaqueline Montero, la figura pública más importante de las trabajadoras sexuales, la Comunidad Transexual, Trasvestis, el COIN y la organización internacional Healt Policy Project.

Montero manifestó a los periodistas que el acuerdo busca detener la larga historia de abusos de que son objetos las mujeres y los hombres que hacen trabajo sexual, regularmente acosados y reprimidos por agentes policiales y funcionarios de la justicia, en desmedro de sus derechos.

En un evento de dos días, que terminó hoy viernes, realizado en el Auditorio Caribeño de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con una nutrida concurrencia de mujeres y hombres que hacen trabajo sexual, se establece igualmente favorecer la creación de empleos, la promoción de políticas públicas para la prevención y atención de la violencia basada en género contra estas personas.

En el salón se sentía una alegría inusual compartida por las mujeres y hombres que han sufrido mucha represión de parte de autoridades motivadas por el prejuicio. A lo largo de las exposiciones se denunciaron los malostratos, golpizas, arrestos arbitrarios y el trato muchas veces impropio a esas personas llevadas bajo arresto, por parte de las autoridades judiciales, y particularmente de fiscales y en algunos casos magistrados y magistradas del sistema judicial.

El amplio salón caribeño de la Biblioteca Nacional se vio colmado de personas que durante dos días debatieron sobre la situación de estos grupos vulnerables. Mujeres que hacen trabajo sexual en lugares públicos, incluyendo avenidas de mucho tránsito, asi como hombres (tanto gays, transexuales como hombre que tienen sexo con hombres a cambio de un pago) también estuvieron presentes, así como ejecutivos de instituciones que impulsan este proceso de defensa, tanto entidades nacionales como internacionales.
Se comprometen las entidades firmantes a impulsar el proyecto de ley de No estigma y Discriminación a las trabajadoras sexuales, la comunidad gay (GLTB) y a quienes viven con VIH-SIDA, además de crear una comisión de la llamada “veeduría social” sobre trabajo sexual y derechos humanos.

Se establece igualmente en el acuerdo que se promoverá el acceso, libre de estigma y discrimen a la educación y la salud a estas poblaciones, al tiempo de que se apoyarán programas y proyectos de oportunidades de empleos para las y los trabajadores sexuales.

Las personas e instituciones firmantes del acuerdo son: coronel José Francisco García, director ejecutivo del Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional; Víctor Terrero, director ejecutivo del CONAVIHSIDA, César Castellanos, director en RD de Health Policy Project; Francini Placencia, directora general de Monitoreo y Evaluación de la Calidad, del Ministerio de Salud Pública, Santo Rosario, por el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Raissa Crespo, oficial de Género del PNUD y Manuel María Mercedes Medina, del Comité Nacional de Derechos Humanos. La asistencia de esta mesa principal del Observatorio estuvo a cargo de Guillermo Peña, de la Coordinadora de Incidencia Jurídica Observatorio de Derechos Humanos.

Ley anti-discrimen

El doctor Víctor Terrero anunció que se tiene todo listo para el sometimiento al poder legislativo del proyecto de ley de no discriminación, que establecerá sanciones y penas para las personas o instituciones que practiquen discrimen contra determinados grupos en base a su orientación sexual.
Explicó que se han hecho los contactos con diputados y senadores y se ha concluido la redacción del anteproyecto para que sea parte de la historia nacional la etapa en que se discrimine, tanto en el trabajo, la comunidad o los servicios de salud, a las personas por su color, su orientación sexual y otras condiciones.

Escrito por: José Rafael Sosa de Elnacional

Las prostitutas manifiestan por sus derechos

MADRID, 15 Feb 2014 (AFP) – Bajo el lema “No a la persecución”, decenas de personas desfilaron este sábado por el centro de Madrid para denunciar una legislación cada vez más severa con la prostitución y reclamar la negociación de derechos laborales para las “trabajadoras del sexo”.

“¡Respeto total para el trabajo sexual!”, “Somos guapas, somos listas, somos todas feministas” o “Estamos hasta las tetas de tanto político chuleta”, coreaban las decenas de prostitutas y miembros de colectivos de apoyo que marcharon por la calle Montera, uno de los lugares emblemáticos de la prostitución en Madrid.
Algunas con máscaras y caretas, desfilaron en un ambiente festivo blandiendo pancartas en las que podía leerse “Ni víctimas ni esclavas, nosotras decidimos”, “Derechos para las trabajadoras del sexo” o “Madrid me multa”.

El ayuntamiento de Madrid, decidido a luchar contra la prostitución, que en España no es ilegal pero tampoco está regulada, planea multar con entre 750 y 3.000 euros a los clientes que sean sorprendidos contratando prostitutas en la calle.

El gobierno español, en el marco de un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana, prevé por su parte multas de 1.000 a 30.000 euros para prostitutas o clientes que sean sorprendidos cerca de escuelas u otros lugares frecuentados por niños.

“Desde que anunciaron lo de las multas los clientes se han espantado, ya no vienen por miedo a la represión”, dice Nereida Lakulok, costarricense de 53 años vestida con un provocativo body negro ornado con senos plateados puntiagudos.

“Les pedimos a las autoridades un espacio para poder trabajar tranquilas, donde no nos moleste la policía”, agrega esta mujer que desde que llegó a España en 1994 ha ejercido la prostutición en la calle Montera.
La policía las ahuyenta pidiéndoles papeles, denuncia mientras en la cabeza de la manifestación una de sus compañeras escenifica un enfrentamiento con un falso agente vestido con un chaleco en el que puede leerse “Policial Moral”.

“No hay derecho a que las trabajadoras sexuales sean tratadas así”, dice Alba Fernández, de 26 años, que da su apoyo a este colectivo desde la asociación Hetaira, creada en 1995.

Pide que la prostitución “se reconozca como un trabajo, haciendo una legalización que ponga en el centro los derechos de las trabajadoras y se negocien espacios en los que puedan ejercer”.

Un informe parlamentario de 2007 estimaba en 400.000 el número de prostitutas en España.

De prostituta a Microempresaria

La Dirección General de Comunicación de la Presidencia (DICOM) puso hoy en circulación la historia de Belkis Jiménez (Mildred), quien era una trabajadora sexual y que luego de la apertura dada por el presidente Danilo Medina a través de la Banca Solidaria, se ha convertido en una microempresaria en la preparación de comida. Inició su crédito con 5 mil pesos y seis meses después de mostrar que es buena pagadora, le renovaron el crédito pero ahora por 25 mil pesos.
En un vídeo y una nota de prensa la DICOM se narra que Mildred está muy orgullosa de su sazón, pero más aún de su nueva condición, mientras que su hijo, predicador de la palabra de Dios, está feliz y ha recibido el cambio de su madre como una bendición.
Banca Solidaria En junio de 2013, Banca Solidaria lanzó un programa para ofrecer a las trabajadoras sexuales que lo deseen la oportunidad de reconvertir sus vidas.
Con el propósito de proteger la salud y derechos de las trabajadoras sexuales, Jacqueline Montero, regidora, ex trabajadora sexual, directora del Movimiento Mujeres Unidas (MODEMU) que surgió en 1997, se acercó a Banca Solidaria para buscar apoyo que permitiera a estas mujeres llevar una vida más digna. En este sentido, se impartieron charlas de promoción y educación financiera a unas 113 trabajadoras sexuales de las que 66 de ellas recibieron préstamos por un valor total de 476,000 pesos.

Belkis fue de las primeras y más entusiastas y para probar a ver cómo le iba tomó un préstamo de 5,000 pesos para iniciar su negocio.
Ha sido tan buena pagadora y administradora de su negocito, que los técnicos de Banca Solidaria recomendaron, al evaluar el crecimiento de sus ventas y su capacidad de pago, que se le aprobaran 25,000 pesos tan pronto saldó su préstamo inicial. ”Te digo algo, me siento ser una empresaria. Cuando voy y compro sé que la gente no me está mirando de otra forma, sino que me están viendo como una mujer de trabajo que se levanta a las siete de la mañana y son las diez de la noche y todavía sigue en la batalla”, dijo muy satisfecha Mildred.

Domínguez Brito dice no permitirán trata de personas

Tras el contundente operativo encabezado por el Ministerio Público la mañana de éste jueves en varios puntos del municipio de Los Alcarrizos de Santo Domingo Oeste, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que serán drásticos y contundentes contra los responsables y cómplices de mantener bajo estado de explotación, a las niñas, niños  y adolescentes rescatados.

Catalogó el operativo como un paso de avance para el país, en donde a su juicio quedó demostrado que cuando se trabaja en colaboración y de forma coordinada con todas las autoridades responsables, los resultados son positivos.

Domínguez Brito catalogó el hecho como “sin precedentes” el rescate de los más de 55 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que eran usados para mendigar en las calles de Santo Domingo, obteniendo sus verdugos, un beneficio económico aún no determinado.

“No podemos seguir permitiendo que bebés de apenas seis meses de nacidos, así como niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de personas y de padres, que los alquilan y los explotan, obligándolos a mendingar en las calles, castigándolos además si los mismos no alcanza la cuota que sus verdugos le imponen por día; eso es criminal, inhumano e inaceptable”, enfatizó Domínguez Brito.

Lamentó que existan personas tan desalmadas que puedan arrancar a un menor de edad de su entorno habitual, para enfrentarlos a una vida infrahumana bajo condiciones extremas de hacinamiento y exponiéndolos  además al riesgo de estar en las calles.

“Estos operativos simultáneos coordinados,  abarcarán  todo el territorio nacional hasta tanto erradicar de una vez por todas esta práctica que día a día ha tomado mayor auge. No vamos a  seguir permitiendo esta modalidad de esclavitud contra un estrato social el cual sin lugar a dudas es el más indefenso y vulnerable”, expresó.

Agradeció el apoyo brindado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quienes aparte del apoyo de recursos humanos para la realización del operativo, han aportado de forma significativa para garantizar que los menores de edad rescatados, puedan tener las atenciones médicas y alimenticias necesarias, hasta tanto los mismos puedan ser reintegrados a sus respectivos senos familiares.

“Las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, son engranajes criminales  organizados, con tentáculos a nivel nacional e internacional contra quienes vamos a actuar sin contemplaciones en todos los sentidos no importa en dónde operen ni bajo el amparo de quién y para eso es necesario el trabajo mancomunado de todos las instituciones que han estado involucradas”, afirmó Domínguez Brito.

El máximo representante del Ministerio Público aseguró que procederán a perseguir y procesar judicialmente a todo ciudadano extranjero que pretenda seguir usando el suelo dominicano como un banco de reclutamiento de mujeres, hombres y sobre todo de niñas, niños y adolescentes, a quienes primero explotan de ésta forma en el país y luego en muchos casos, los insertan en redes internacionales en donde la gran mayoría son destinados también a la prostitución.

“La República Dominicana tiene que asumir con responsabilidad y seriedad esta modalidad del crimen organizado. Tampoco podemos seguir permitiendo que nuestro país sea vendido como un polo turístico sexual. Hay que ver a groso modo todo lo que encierra la trata de personas. Donde existe trata hay  abusos de todo tipo; sexo alcohol, drogas y armas y esta cadena definitivamente tenemos que romperla”, enfatizó el jefe de la política criminal del país.

Aseguró que no darán tregua hasta  erradicar por completo esta problemática en República Dominicana, la cual definió como redes criminales que vejan  los derechos fundamentales de  sus víctimas, lacerando su dignidad.

 “No habrá compás de espera, no habrá espacio ni  impunidad contra los proxenetas en República Dominicana y para eso seguiremos trabajando conjuntamente con  las instituciones nacionales competentes, así como con las organizaciones internacionales”, señaló Domínguez Brito.

Insiste perseguirá buscadores de sexo, se embromaron las trabajadoras sexuales.

SANTIAGO.   El procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, reiteró ayer su posición de  perseguir  y apresar a quienes busquen favores sexuales en las calles de esta ciudad y la capital.

Sin embargo, Domínguez Brito aclaró que no van a castigar ni a perseguir a las trabajadoras sexuales, por considerar que son víctimas de secuestro y manipulación por parte de los organizadores, y entiende que los usuarios de estos servicios se convierten en cómplices de la condición a que son sometidas las damas.

Se mostró preocupado por la cantidad de menores y homosexuales que se desplazan por la calle Del Sol, quienes en su mayoría son manipulados y forzados a entrar en el mundo de la prostitución.

En ese sentido, consideró que todo el que manipula a esas mujeres tiene que ir preso.

 “Hay un cierto criterio que establece que la mujer o cierto tipo de mujer que están dedicadas a la prostitución básicamente son víctimas”,  sostuvo el procurador.

El funcionario habló luego de participar junto a diversas entidades empresariales y de desarrollo de aquí que pusieron en marcha un proyecto de prevención de violencia basada en género e intrafamiliar, dirigido a los empleados y empleadas de las empresas de zona franca del Parque Industrial Víctor Mera, con el propósito de lograr la reducción de esos casos a través de la promoción de la convivencia responsable y la transversalidad de género en la integración familiar.

El lanzamiento del proyecto y la firma del convenio se desarrollaron durante un acto realizado en el salón de conferencias de Capex, ubicado en el Parque Industrial Víctor Espaillat Mera, en Santiago de los Caballeros.

La iniciativa, que será implementada de cara al Plan Estratégico 2020, incluye la implementación de programas de capacitación  y la promoción de las campañas “Tolerancia cero a la violencia” y “Promesa de hombre”, así como otras de equidad e  inclusión social.

 Así lo establece un acuerdo que tuvo como testigo de honor al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y que fue firmado por la fiscal Luisa Liranzo; el presidente de la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago y presidente del Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex), Miguel Lama Rodríguez; el presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Carlos Fondeur Victoria, y el presidente de la Asociación de Zonas Francas de Santiago, Luis José Bonilla Bojos.

El proyecto tiene el interés de establecer una dinámica de cooperación interinstitucional, dirigida además de la capacitación, al empoderamiento y seguimiento en conocimientos, actitudes y prácticas de los trabajadores de las empresas de zona franca.

Igualmente, establece que el  proyecto y la capacitación se desarrollarán bajo la coordinación del Ministerio Público, en especial de la Procuraduría Fiscal de Santiago, en el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex). 

Las mujeres de la Zona Rosa

Diario Libre- . Venden su cuerpo, sufren golpes y abusos, pero ninguna reclama. Han aprendido que no le importan a nadie. Hoy, cuando el proyecto de una Zona de Tolerancia se presenta como una opción de seguridad, las trabajadoras sexuales alzan la voz: prefieren la clandestinidad. ¿Por qué? Sus vidas hablan por ellas. 

Cuando Violeta (nombre ficticio) empezó a acostarse con hombres por dinero, tenía 13 años. Era una morena de piel azabache, alta y espigada. En ese entonces, la idea le pareció atractiva: así dejaría la casa donde habitaba con la tía en Haina, y de paso obtendría los pesos suficientes para comprar ropa y maquillaje. Para ser linda.

Sería como la vecina, que siempre andaba muy arreglada -"vistiendo bonito, bien preparadita y con chancleta nueva"-, o como la misma tía, a la que le debía el techo y una negligencia galopante. Volver con la madre no era posible: había partido a Baní con su último novio. Del padre, mejor ni hablar: de sus maltratos, justamente, había huido.  

Por eso, cuando Violeta empezó a acostarse con hombres por dinero, creyó que escapaba. Nadie le advirtió de los peligros y dificultades. Ni la vecina, que la contactó con el negocio, ni el dueño del mismo. Sus compañeras, que la veían inexperta, le enseñaron a exigir condón a los clientes y a cobrar una cuota menos miserable de la que entonces pedía.

Ninguna, sin embargo, le enseñó a prepararse para lo que vendría. Violeta sería golpeada, violada y amenazada de muerte poco después de cumplir 18 años. 

Quiénes son

Dentro de las fronteras de República Dominicana se estima que hay entre 50 y 72 mil trabajadoras sexuales. Es un número incierto y difícil de calcular. "No se puede hablar de una cifra exacta porque hay mucha movilidad", explica Santo Rosario, director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral.

Según la Encuesta de vigilancia de Copresida 2008, alrededor de la mitad de las trabajadoras sexuales se inició antes de los 18 años. La Encuesta de Vigilancia de USAID (2004) detalla que un 24% de las trabajadoras sexuales menores de 18 años tuvo su primer intercambio de sexo por dinero antes de cumplir 15 años de edad.

"En su mayoría, son muy pobres. Más de un 30% viene de zonas francas donde pagan salarios muy mínimos", explica Santo Rosario. "Algunas llegan del trabajo doméstico, y otro sector viene de un marido abusador que la embaraza y no mantiene a los hijos".

El mismo estudio de Copresida señala que por encima del 60% de las trabajadoras sexuales de Santo Domingo, Santiago, Barahona y La Altagracia no ha completado la secundaria. Muchas de ellas no saben leer ni escribir.

"La mujer dominicana no hace el trabajo sexual porque le gusta. Es un medio para alcanzar un fin, y es bueno que la sociedad dominicana entienda eso. El fin es mantener sus hijos, o su mamá, o sus familiares", resume Rosario.

De abuso y esperanza
La legislación nacional no prohíbe el trabajo sexual, pero la actividad se ha mantenido en la clandestinidad por el estigma social y los abusos asociados. Las que ejercen deben aguantar golpes de clientes que muchas veces no quieren pagar o les exigen usar drogas, la explotación de parte de los dueños de los negocios, y los atropellos policiales:

"La policía viola a las compañeras y les quita el dinero. Si ellas no tienen un policía amigo al que le den el servicio gratis, no las dejan trabajar", cuenta Jacqueline Montero, regidora de Haina y presidenta del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU). Nadie las protege: "Cuando una trabajadora sexual es violada y va al destacamento, se ríen y no le toman la denuncia. Entienden que no puede ser violada porque es un objeto sexual del que quiera".

En su oficina de MODEMU, en la capital, el calor se estanca. Hay que traer un abanico para volver el aire respirable. Jacqueline sabe de lo que habla, y se ha convertido en una heroína para muchas trabajadoras. Entre las entrevistadas, su nombre surge espontáneamente. "Es un ejemplo de que se puede salir", dicen. Nacida en San Juan de la Maguana hace 42 años, su historia de vida representa a muchas:

Abusada sexualmente a los 9 años por un militar de la familia, aguantó hasta que abandonó la casa a los 14 años. Un año más tarde, se casó con un hombre que la golpeaba. Cuando se atrevió a dejarlo, la necesidad la llevó al trabajo sexual.

"Busqué trabajo muchas veces con mi diploma. Un día fui a un salón de belleza, y cuando llegué había una rubia postulando conmigo. De una vez la eligieron. Ni siquiera miraron los papeles", cuenta. "En el negocio sexual no te piden nada. Por eso es mas fácil entrar". Ejercerlo fue más difícil: asegura que fue violada en diferentes ocasiones por motoristas y clientes, e incluso por cuatro hombres a la vez.

La historia cambia de color cuando Jacqueline se titula de enfermera, entra a COIN y luego a MODEMU. Entonces, hace 12 años, dejó el trabajo sexual "antes de que el trabajo me dejara a mí". ¿Cómo es eso? "Los hombres están buscando jovencitas. Si tienes 30 años, pareces la mamá de tus compañeras".

Vestirse de rosa
El 7 de junio de 2011, la diputada del PRD, Esther Minyety, presentó el proyecto de Zona de Tolerancia Para las trabajadoras sexuales. La idea es establecer un área distanciada de los centros comerciales y residenciales donde ellas deberán ejercer obligatoriamente, con el fin de "garantizar la seguridad física y de salud de las mujeres dedicadas a esta práctica".

Las aludidas han puesto el grito en el cielo. En una declaración fechada 11 de noviembre de 2011, rechazan la iniciativa que atentaría contra sus "Derechos Humanos, como son el derecho al libre tránsito, al trato igualitario ante la ley, a la protección y a la autodeterminación". Proponen que, a cambio, el Estado capacite a las implicadas.

"Nos gustaría que el Gobierno haga un programa de educación y alfabetización de las compañeras. Porque muchas quieren estudiar, salir del trabajo sexual, pero no pueden", explica Jacqueline Montero. "¿Quién dice: "voy a ser prostituta cuando sea grande"? ¡Nadie! Una lo toma como opción mientras ve qué otra cosa puede hacer", concuerda Carmen Lorenzo, ex trabajadora sexual. 

Asunción Moreta rechaza la iniciativa desde su experiencia: "Las zonas rosas no son como dicen. Yo viví en la de Curazao, y estaba encerrada. Hay tiendas, restaurantes, consultorio médico... no sales para ninguna parte y es tan cara que no te da para manejarte. Te dan una habitación que debes pagar, y pasas el día entero trabajando. Porque cuando consigues 100 dólares, te cobran 95 por la habitación. Te obligan a trabajar cuando estás con la menstruación, te pasan como una esponja para que te la pongas y sigas trabajando. ¿Cómo va a ser aquí? Igual o peor".

En su oficina, en el Congreso, el aire está fresco. La diputada Esther Minyety aclara de entrada que la Zona Rosa es un tema maleable: "Los proyectos comienzan de una forma y terminan haciéndose modificaciones".

- Las trabajadoras dicen que, al estar en un lugar establecido, sería más fácil para la policía abusar de ellas. 
- Tenemos una propuesta de COIN y ONU Sida donde hablan de que el tema sea regulado por un organismo rector, no la policía, en el cual participen los ayuntamientos, las organizaciones, el Estado, y ellas también. Sería un órgano rector donde ellas van a estar.

- ¿Dónde se establecería la Zona Rosa? 
- Todavía no se ha determinado. Pero recuerda que la problemática del trabajo sexual es un problema nacional. Tendría que haber una Zona de Tolerancia en cada provincia del país.

- ¿Qué presupuesto tiene el proyecto?
- No hemos tirado números todavía.

- En MODEMU prefieren que en vez de Zona Rosa, se use el dinero en capacitación. Dicen que ninguna mujer quiere trabajar en esto. Que es por falta de oportunidades. 
-En uno de sus considerandos, el proyecto incluso habla de que se les va a ayudar. De que se enseñe un medio de vida a las que no quieren estar ahí. Habrá muchas que querrán estar ahí y otras que no.

- Si este proyecto es tan favorable, ¿por qué las trabajadoras se oponen tanto?
- Te voy a decir algo. Parece ser que los seres humanos como que no queremos aceptar que se nos regulen las cosas. Yo entiendo que ese es el tema por el que se oponen.

- Ellas alegan que el proyecto atenta contra el libre tránsito que resguarda la Constitución. 
- No, no están transitando. Recuerda que la Constitución dice libre tránsito, pero también habla de lo que es la problemática de la alteración del orden, del bullicio y la intranquilidad social.

- Pero eso no es exclusivo del trabajo sexual. 
- El proyecto no solo habla del trabajo sexual. Yo estoy abierta a todas las modificaciones que se le haya que hacer.

- Artículo 5. "Las personas dedicadas al trabajo sexual que no se acojan a ejercer dicha práctica en los lugares prestablecidos, serán sancionadas con una multa que no excederá de dos salarios mínimos del sector público". ¿Cómo van a prohibir y multar a una mujer que ande por la calle?
- Una cosa es caminar y otra cosa es durar de 6 de la tarde a 11 de la noche en un mismo lugar.

- Eso no se puede prohibir. 
- Pero también, cómo está: ¿desnuda, ofreciendo el servicio? Y como dicen muchas juntas de vecinos: cuando las van a dejar en horas de la noche, por ejemplo, van en los carros y dicen malas palabras.

-Reformulo: ¿Cómo detengo yo, como policía, a una trabajadora que no está en la zona? ¿Bajo qué cargo? ¿Por pasearse en minifalda, por pasearse 5 horas en minifalda, por conversar con alguien en un carro, por subirse a un carro? 
- ¿Y cómo las detienen ahora?

- Ahora abusan de ellas. 
- Por ahora hay muchas que se pasean que no dan a aparentar que son trabajadoras sexuales, porque no todas andan desnudas. Ni todas andan haciendo cosas. Si no lo da a aparentar... entonces no se le va a conocer.  Hay que tener una regulación.

- ¿No sería mas pertinente hacer como en otros países, multar al cliente y no a la trabajadora, que ya está en una condición más vulnerable? 
- Fíjate, esto es una iniciativa. Si se multa al que lo consume, también iría en beneficio aquí. Como es una iniciativa van a venir muchísimas modificaciones, y hasta ahora no la ha traído nadie esa modificación al proyecto. No se ha hablado de eso. Hay que verlo desde todos los ángulos. Falta mucho por hacer, y yo creo que va a salir una ley beneficiosa para todos.

Salir a "buscársela"
De acuerdo a estimaciones de COIN, el 60% de las trabajadoras se mueve por cuenta propia en las calles, parques y playas. El otro 40% trabaja en bares, discotecas, burdeles, casas de citas o masajes, licorerías o car wash.

Santo Rosario explica que la relación es aún más extrema: "Por cada trabajadora en negocio, hay 10 o 20 en la calle. El problema son las jóvenes que se las están buscando y no se perciben como trabajadoras".  Es un sector invisible: "Son las que se la buscan con personas de más edad, para comprar ropa o pagar sus estudios. Son la mayoría. Las que están en la calle, en el Malecón, son la minoría".

Las que están en la vía pública se llevan lo peor del oficio: "Tienen que montarse en cualquier vehículo, porque ese es su cliente. Es diferente a las que están en un negocio, donde pueden establecer un mecanismo de protección", dice Santo Rosario.

"La mayoría de los clientes busca en nosotras lo que no tienen en la casa. Si la fantasía de un hombre es golpear a la mujer y después estar con ella, lo busca en la calle. Son enfermos, les excita golpear", cuenta una ex trabajadora. El riesgo es a cambio de 200 o 500 pesos. ¿Una buena noche? "Consigues hasta 4 mil. Pero hay días malos, en que no ganas ni 200 pesos".

Violeta
"Estaba en un negocio del cruce de Guayacanes cuando llegó un cliente. Era un 22 de diciembre. Él quería que saliéramos juntos del local, pero le dije que yo no salía. Insistió. Que no me iba a arrepentir, que me iba a ir bien.

- No puedo tener relaciones, estoy mala [con la menstruación].
- No hay problema, yo solo quiero salir contigo a la discoteca".

Bailaron, cenaron, rieron. Él se ofreció a pagarle una habitación para que ella pasara la noche antes de volver al negocio. "Subo para la segunda planta, y pienso que él se ha ido. Pero se devuelve.

- Vengo a buscar una cosa.
- ¿Qué cosa? Aquí no hay nada. ¿No dijiste que te ibas a ir?
- Sí, pero me arrepentí y me vo y a quedar.
- Te dije que no puedo tener relaciones contigo.
- Yo no tengo que ver con eso, porque yo gasté mis cuartos contigo y tienes que pagármela como sea. Tienes que dármelo a la buena o a la mala.

Le dije que no. Entonces me forzó, me dio golpes y me puso un puñal en la garganta. Hizo de mí lo que quiso. Cuando terminó, me dijo que si lo decía me iba a matar."

Después de eso, Violeta se encerró en su casa durante más de un año. Cuando la necesidad fue más fuerte, retomó el trabajo sexual que hoy, a sus 31 años, todavía ejerce: "No es que una no sepa trabajar en otras cosas, pero los dueños de fábrica le niegan la oportunidad a una".