GUATEMALA (AP) — El Congreso guatemalteco aprobó el jueves con carácter de urgencia una reforma al código civil para elevar la edad de niñas para el matrimonio de 14 a 18 años.
La votación se realizó un par de horas después de iniciada la discusión con el voto favorable de 87 legisladores de los 107 presentes.
Se registraron 15 votos en contra. El congreso unicameral tiene 158 escaños. Leonel Lira, quién votó a favor de la reforma de la norma, aseguró que es un avance “sobre todo porque se rompe una equivocada tradición”, dijo.
“Esto evitará los embarazos en adolescentes, implica que las relacione sexuales con menores sean consideradas una violación, incluso se evite el comercio con niñas”, dijo el diputado.
Las organizaciones no están de acuerdo con una excepción hecha por los legisladores que establece que en algunos casos se puede contraer matrimonio con una mujer de 16 años mediante autorización de juez. Lira dijo que por lo menos había un avance y se lograba dejar en condiciones de igualdad la edad del matrimonio.
El Congreso votó la reforma en respuesta a una petición de organizaciones sociales y Unicef, tras el inicio del período de sesiones ordinarias del legislativo. “Está totalmente desprotegida la niñez y la niña está en mayor desventaja”, dijo Leonel Dubón de Refugio para la Niñez, una de las organizaciones que solicitó al Congreso que la edad para casarse se eleve a 18 años.
“A la niña con ciertas condiciones físicas se le considera que ya puede casarse y no, por eso hay que protegerlas”, remarcó.
El código civil guatemalteco establecía que las niñas de 14 años y los niños de 16 están aptos para contraer matrimonio. Según la Organización de Naciones Unidas, la ley ha generado diversos problemas como abusos sexuales a menores, trata de personas, deserción escolar, embarazo adolescente y retraso en el desarrollo, entre otros.
Juan Quiñonez, especialista en política social de Unicef en Guatemala, dijo que según cifras oficiales en el país centroamericano se registran cada año 4.000 matrimonios de niñas de 15 a 19 años y 73.000 embarazos entre los 10 y los 19 años de los cuales 4.700 son de niñas de 10 a 14 años.
Un estudio reciente de Unicef alertó sobre la elevada tasa de embarazos adolescentes en América Latina y reveló que una de cada tres jóvenes es madre antes de cumplir los 20.
Los países con mayores tasas de embarazo adolescente fueron Nicaragua (28%), Honduras (26%), República Dominicana (25%), Guatemala y El Salvador (24%), Ecuador (21%) y Bolivia y Colombia (20%).
La legisladora ecuatoriana Marisol Peñafiel llegó a Guatemala para compartir la experiencia de su país, que en abril reformó una norma similar y elevó de 12 a 18 años la edad mínima para casarse.
“Esto ha significado la ruptura de un Estado y un modelo tradicional”, dijo Peñafiel en entrevista con The Associated Press.
“Una niña estaba autorizada a contraer matrimonio por decisión de los adultos, cuando esa decisión es libre y voluntaria”, agregó.
Peñafiel explicó que en Ecuador la forma de sensibilizar a los legisladores fue mostrarles las estadísticas sobre la vulnerabilidad en la que estaban las niñas que eran obligadas a casarse, los embarazos tempranos, las complicaciones en su salud y la decisión de abandonar la escuela porque debían ser madres. “Se necesitaba una norma que garantizara la vida de nuestras niñas”, dijo la legisladora.
Peñafiel explicó que a Ecuador le llevó cuatro años desde la presentación hasta la aprobación de la reforma de ley que además de elevar la edad para casarse también declaró nulas y prohibidas las uniones de hecho con menores de edad y estableció la persecución penal para las autoridades que avalen esas uniones.
En Guatemala la discusión comenzó en 2012 . La lucha de las organizaciones sociales ha dado varios frutos en Guatemala, como la reforma de un artículo del código penal que establecía que si un violador se casaba con su víctima se extinguía la persecución penal. En 2009 se aprobó la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas y en 2013 el Congreso reformó el código penal y eliminó medidas sustitutivas de prisión para los reincidentes de varios delitos, entre ellos la violación.
