MANILA, Filipinas. Milicianos vinculados con el Estado Islámico arrasaron una ciudad del sur de Filipinas, decapitaron al jefe de policía, incendiaron edificios, tomaron como rehenes a un sacerdote católico y sus feligreses e izaron su bandera negra, dijeron las autoridades el miércoles.
El presidente Rodrigo Duterte, que impuso la ley marcial en la zona, dijo que podría extenderla a todo el país.
A medida que se conocían detalles del ataque a la ciudad de Marawi, crecían los temores de que la nación católica más grande de Asia pudiera sumarse a la lista de países que enfrentan la influencia creciente del grupo conocido también como ISIS.
La violencia estalló el martes por la noche después de que el ejército asaltó el escondite de Isnilon Hapilon, un comandante de Abu Sayyaf ha jurado lealtad al Estado Islámico. Está en la lista de terroristas más buscados por Estados Unidos con una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura.
Los milicianos pidieron refuerzos, y unos 100 hombres armados logaron entrar en Marawi, una ciudad de 200.000 habitantes, en su mayoría musulmanes, en la isla sureña de Mindanao, dijo el secretario de Defensa, Delfin Lorenzana.
“Estamos en un estado de emergencia”, dijo Duterte tras aterrizar en Manila, procedente de una visita a Moscú. “Tengo un problema serio en Mindanao y las huellas de ISIS están por todas partes”.
Dijo que un jefe de policía local fue detenido en un retén y decapitado y añadió que podría declarar la ley marcial en todo el país si considera que el grupo ha logrado consolidarse.
Lorenzana informó que al menos dos soldados y un agente de policía fueron asesinados, y que las cifras podrían aumentar a medida que se conoce más información.
Los agresores se abrieron paso hasta la catedral y capturaron al reverendo Chito Suganob, a 10 fieles y a tres empleados de la Iglesia, según explicó el arzobispo Socrates Villegas, presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas.
Ni el sacerdote ni los demás rehenes participaban en el conflicto, señaló Villegas.
Chito “no era un combatiente. No portaba armas. No era una amenaza para nadie”, dijo Villegas. “Su captura y la de sus acompañantes viola todas las normas de un conflicto civilizado”.
Los captores han exigido al gobierno que retire a sus fuerzas.
Duterte declaró la ley marcial durante 60 días en toda la región de Mindanao, el inestable tercio meridional del archipiélago de Filipinas. El mandatario prometió ser “duro”.
“Advertí a todos de que no me pusieran a prueba”, dijo Duterte en el avión cuando regresaba de Rusia. “Tengo que hacerlo para preservar la república”.
La ley marcial permite a Duterte emplear a las fuerzas armadas para organizar detenciones, cateos y arrestos con más rapidez.
AP/Por JIM GOMEZ y TERESA CEROJAN
