Amnistía Internacional pide reforma profunda en la Policía Nacional

Amnistía Internacional a través de un comunicado manifestó este lunes que la Policía Nacional debe ser sometida a una profunda reforma para evitar que en la República Dominicana se sigan registrando incidentes como el ocurrido en San Francisco de Macorís, cuando un grupo de agentes sacó de un tribunal a la fuerza a un compañero que era procesado por la muerte de un ciudadano el tres de junio pasado.

El organismo internacional en su comunicado hace constar que los agentes policiales deben respetar las decisiones del Poder Judicial y abstenerse en todas circunstancias de presionar a los tribunales.

En el incidente, que se produjo el pasado 5 de julio,  alrededor de 50 policías entraron al Palacio de Justicia para sacar de su celda y llevar a un cuartel policial a un agente acusado del asesinato de un hombre, por cuyo hecho el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez ordenó el arresto y el sometimiento a la justicia de al menos 27 miembros.

 “Las autoridades de la República Dominicana deben enviar el mensaje simple y claro de que nadie está por encima de la ley, y asegurar que el Poder Judicial esté protegido de cualquier presión y tenga la facultad de realizar su labor con total independencia,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional en un comunicado enviado a los medios.

Los agentes involucrados en el hecho argumentaron que su compañero corría el riesgo de represalias por parte de la familia de la víctima y de la población local, si continuaba en la celda donde estaba detenido.

 “La policía puede y debe tener medidas para asegurar la integridad de cualquier preso en riesgo,  incluyendo agentes de la Policía detenidos, sin alterar el curso  de la justicia,” agregó Javier Zúñiga.

“Es muy positivo constatar que la Jefatura de la policía ya ha condenado los hechos y los está investigando pero lo que realmente se necesita para evitar que este tipo de situación se repita es una profunda reforma de la policía y la creación de mecanismos e instituciones independientes para investigar abusos policiales”, indica el funcionario de Amnistía.

La jefatura de la Policía Nacional criticó las acciones de los agentes y designó al inspector general y al director de asuntos legales para investigar los hechos. 

Durante el fin de semana el Jefe de la Policía Nacional se reunió con comunidades y autoridades locales de San Francisco de Macorís.

Puro Enmanuel Díaz López murió el 3 de junio pasado durante un supuesto intercambio de disparos con la Policía en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

A principio de julio la Jueza Fidelina Ramirez, de la oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en el Palacio de Justicia de la Provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra el agente Marino Alfondo Torres quien se reconoció culpable por la muerte de Díaz López.

Policía Nacional dice no es política suya violar derechos humanos

La Jefatura de la Policía aclaró hoy que los casos de violaciones a los derechos humanos, entre los agentes de ese cuerpo, son acciones personales, y no una política institucional, como los pretende presentar Amnistía Internacional.

El general Máximo Báez Aybar, vocero de la Policía, explicó que la institución lamenta las violaciones a los derechos humanos y procede a someter a la justicia a los agentes que se exceden en el cumplimiento de su deber.

Báez Aybar hizo los señalamientos al ser cuestionado sobre un informe de Amnistía Internacional, expuesto ante el Comité para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para que se evalúe la situación de  República Dominicana en esa materia.

El informe califica como “alarmantes” los niveles de violaciones a los derechos humanos  en país, particularmente a manos de miembros de la Policía.

 “Las violaciones a los derechos humanos no son una política institucional de la Policía Nacional, y constantemente se instruye a los agentes de este cuerpo del orden, para que preserven la integridad física de las personas”, dijo el general Báez Ayabar.

Aclaró que la Jefatura de la Policía, que comanda el mayor general José Polanco Gómez, es la primera que lamenta los casos en los cuales se violan los derechos humanos  y que procede judicialmente contra cualquier agente que cometa un exceso en el desempeño de sus funciones.

Báez Aybar dijo que la Policía trata de realizar su trabajo de proteger vidas y bienes dentro de un Estado de derecho, insistiendo siempre en evitar los excesos contra cualquier ciudadano, y luchando para que no ocurran violaciones a los derechos humanos.

Precisó que constantemente se instruye a los agentes para que actúen dentro del marco de las leyes y las normas que rigen a la Policía.

Informó que una comisión de Amnistía Internacional estuvo en el país, y se reunió con altos oficiales de la Policía, quienes les entregaron un informe pormenorizado de la situación, para que se formaran una visión completa del problema.

Amnistía Internacional pide cese torturas policiales en RD

Santo Domingo, (EFE).-  La organización Amnistía Internacional (AI) exigió hoy a las autoridades de la República Dominicana el cese de las torturas por parte de la Policía Nacional, a la que acusa de "terribles niveles de abuso", incluidos malos tratos y homicidios.

La Convención de la ONU contra la Tortura entrará en vigor mañana en República Dominicana tras su ratificación por las autoridades y con este motivo AI reclamó el fin de la "vergonzosa práctica de abusos policiales".

El asesor especial de AI Javier Zúñiga elogió la ratificación del tratado, "pero las autoridades del país, y en particular la Policía Nacional, deben terminar de una vez por todas con prácticas de abuso que existen desde hace decenios", dijo en un comunicado.

AI recordó que, según la Procuraduría General, la Policía mató a 289 personas en 2011, frente a las 260 del año anterior y subrayó que más de una décima parte de los homicidios registrados en el país en 2011 fueron cometidos por la Policía.

Al presentar un informe sobre abusos policiales en octubre, AI ofreció los datos del período comprendido entre enero y julio, con 154 muertos frente a los 125 del mismo periodo de 2010, según la Procuraduría.

AI, que aclaró entonces que agentes del orden también perdieron la vida, indicó que la mayoría de los casos de muerte se produjeron por un "intercambio de fuego" con sospechosos criminales, pero en muchos casos, las pruebas forenses apoyaron las denuncias de que los agentes dispararon con la intención de matar.

"Reconocemos que los agentes suelen afrontar un grave peligro mientras hacen su trabajo. No obstante, creemos que en realidad su conducta hace recrudecer la violencia y crea un clima en el que los derechos humanos son totalmente ignorados", añadió en octubre Zúñiga.

Personas que no son acusadas formalmente ni están condenadas son sometidas con frecuencia a detención y tortura por la Policía, según indicó hoy el organismo de defensa de los derechos humanos.

AI cita como ejemplo el caso de Denis Antonio González detenido en julio de 2009 por la policía en Monte Plata, a unos 50 kilómetros al norte de Santo Domingo, durante la investigación del supuesto secuestro de Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt, profesor e hijo de un intelectual dominicano.

Denis fue colgado de un árbol y golpeado y después permaneció bajo custodia durante doce días, sin comer y recibiendo más golpes.

La víctima, según AI, denunció que le introducían la cabeza en fundas, le echaban gas pimienta a los ojos y a veces le sometían a corrientes eléctricas.

"...Llegué a escupir a la cara del mayor (de la Policía) para que me matara, que yo no aguantaba", relató Denis Antonio González, quien quedó en libertad sin cargos después de que Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt fue encontrado con vida y negó haber sido secuestrado.

El organismo añade que las autoridades dominicanas tendrán que investigar las denuncias de tortura y garantizar que las víctimas de abuso dispongan de reparación y rehabilitación médica y psicológica.

Adolescente saudí será flagelada por tener un celular con cámara

Riad.- Una adolescente de Arabia Saudí fue sentenciada a 90 latigazos y dos meses de cárcel como castigo por agresión a una profesora, dijo un juez saudí en una entrevista publicada el domingo, mientras Amnistía Internacional dijo que el hecho ocurrió después que la joven fue sorprendida en la escuela con un celular con cámara.

El nombre de la adolescente no se dio a conocer. Podría librarse del castigo con un perdón del rey Abdulá, dijo el juez Riyadh al-Meihdib, manifestó AP.

"Se le leyó el veredicto en voz alta en el tribunal y ella no objetó", dijo al-Meihdib a Al-Watan, un diario nacional saudí.

Agregó que la profesora se negó a perdonar a la muchacha, quien no apelará. Se desconocía el estado de la profesora y el diario no dio detalles sobre la disputa. Los teléfonos con cámara están prohibidos en la escuela.

Al-Watan atribuyó a la directora de la escuela haber descrito a la muchacha como "alrededor de los 20 años", pero Amnistía dijo que tenía 13 años.

En una declaración el viernes, Amnistía Internacional, con sede en Londres, instó a Abdulá a ``intervenir inmediatamente para asegurar que se rescinda la sentencia a latigazos''.

"También debería tomar medidas para reformar las leyes y procedimientos penales saudíes para proscribir el uso de castigo cruel, inhumano y degradante, en particular los latigazos a los niños'', dijo el secretario general interino de Amnistía, Claudio Cordone.

El juez al-Meihdib dijo que su tribunal dará instrucciones a las autoridades locales en Jubail para cumplir la sentencia en el término de dos días. Jubail está junto al Mar Rojo.