SANTO DOMINGO. La Dirección General de Prisiones
ocupó mediante operativo realizado en el Centro de Privación de Libertad
de La Victoria, cuatro máquinas (verifone) utilizadas para la venta de
loterías, que de manera ilegal fueron introducidas al penal,
previamente conectadas al servidor del Consorcio de Banca La Fortuna.
Al mismo tiempo que procedió al desmantelamiento de la
construcción de ocho celdas de privilegios, que de manera inconsulta,
construían algunos internos en aparente contubernio con autoridades de
la cárcel.
Al mismo tiempo el Director General de Prisiones,
mayor general , Tomás Holguín La Paz informó del traslado de dos
reclusos a otros centros de reclusión, ya que según informaciones
recibidas por esta institución, serían los responsables de estas
acciones totalmente divorciadas de la política de saneamiento que en el
Sistema Penitenciario que ha implementado el Magistrado Procurador
General de la República, Francisco Domínguez Brito; quien como gestor
de las mismas, ha marcado las pautas para minimizar los privilegios y el
uso de medios que desde los penales pudiesen ser utilizados en contra
de los esfuerzos que a favor de la Seguridad Ciudadana, realiza en este
momento el Gobierno Central.
Por tal motivo, desde hace cierto
tiempo la Dirección General de Prisiones daba seguimiento a una serie de
denuncias y quejas de ciudadanos, relacionadas con el manejo inadecuado
de los procesos de ingreso y ubicación en áreas privilegiadas de dicho
recinto carcelario; en ese sentido, la institución había sido alertada
del pago de peajes, de internos que previamente clasificados, debían
pagar y como resultado, se les vendía por indeterminada suma de dinero
los espacios (denominadas goletas) que deberían ocupar en el tiempo que
permaneciesen en el interior de la citada cárcel.
Dentro del mismo ambiente de negocio, internos
financiaban la compra de diferentes tipos de mercancías (bebidas
alcohólicas, objetos punzantes, drogas, celulares, conectores de
computadoras Wi-fi, entre otros), que luego eran vendidas dentro del
penal, con el aparente consentimiento de la seguridad del recinto
carcelario.
Por otra parte y como consecuencia de todas estas
acciones, la Dirección General de Prisiones procedió a suspender de sus
funciones a una empleada del área de la alcaldía, al tiempo que
profundiza la investigación de estas anomalías, que deberán dar al
traste con los responsables de las mismas.
Tomado de: DiarioLibre
