El ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa Reyna Margarita Martínez y su hermano Rafael Rodríguez (todos en libertad), habían sido enviados a juicio de fondo por presunta expropiación de miles de tareas de tierras de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales y en Cabarete, Puerto Plata.
Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Sarha Veras, Teófilo Andújar e Ingrid Soraya, tomaron la decisión en virtud de que el proceso lleva ya más de 15 años, y las autoridades persecutoras no habían reformulado los cargos ni sustentado la acusación.
Previo a vertir su veredicto el juzgado informó a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) e intimó a la Fiscalía del Distrito Nacional para que se hagan representar debidamente en el tribunal.
En una comunicación del 25 de junio de 2012 el juzgado a petición del Ministerio Público ordinario intimó a la DPCA para que fije su posición en torno al caso. Fijando la audiencia para el 23 de julio, ya el tribunal en fecha 17 de mayo de este año, había citado a la DPCA para que comparezca. Mediante resolución también se convoco a ese juicio a los fiscales del distrito Karina Concepción y Wagner Vladimir.
En acta levantada ese día da cuenta de que en esa ocasión el procurador fiscal adjunto Francisco Escaño representante de la DPCA solicitó que se libre acta de que le sea notificado al Ministerio Público investigador del caso para que comparezca, agregó además que la DPCA no formaba parte de este proceso.
El documento también recoge el voto disidente del magistrado Teófilo Andújar, en lo relativo aplazar la audiencia en el entendido de que en esa fecha debió declara extinta la acción penal. El magistrado explica que los representantes del Ministerio Público ordinario habían pedido aplazamiento, a los fines de que se convoque a la DPCA, institución que a su vez solicitó lo contrario, que se cite al Ministerio Público ordinario a los fines de que decida con relación al caso.
Nueva vez, el juzgado en fecha 05 de octubre de 2012, intimó a la fiscal del distrito Yeny Berenice Reynoso para que designe a un fiscal que llevara el caso.
El proceso inició en 1997, los imputados fueron enviados a juicio el 17 de junio del 2003 por la entonces jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Esther Agelán Casasnovas. De igual modo, la ahora jueza de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió un auto de No Ha Lugar a favor de Puro Pichardo, Vicente Guzmán Tatis, Nelson Oleaga, Marcos Marte, Eddy del Orbe, Arelis Colón, Miguel Nelson Fernández y Arturo José Cuello.
En el caso también estaba involucrado el fenecido empresario Moisés Marchena Arredondo.
