Tal y como se rumoró desde el principio fue el empresario Adriano Román Román, preso por intento se asesinato en la cárcel de Rafey, quien contrató a sicarios para que eliminaran al abogado y comunicador Jordi Veras. De acuerdo con el informe del caso, rendido ayer en la Procuraduría General de la República, para materializar la acción acordó pagar RD$1.5 millones a un grupo de ex policías que le dieron curso al “trabajo”.
Los detalles ofrecidos por las autoridades revelaron que la trama para dar muerte a Veras se orquestó desde la cárcel de Rafey-Hombres, en Santiago, donde guarda prisión Román.
Los implicados son, Francisco Carela Castro, quien por encargo de Román contrató los servicios de los señalados como sicarios Roberto Zabala Espinosa, ex oficial de la Policía; Candy Caminero Rodríguez, ex primer teniente de la PN y el sargento mayor Arturo Ferreras del Castillo.
De acuerdo con el informe, Franklin Reynoso, un condenado a 30 años por asesinato, se le acercó a Román a ofrecerles “sus servicios” para cuando tuviera la necesidad de matar alguien. Ante la propuesta, le responde que ciertamente hay una persona que le hace la vida imposible y que quiere eliminarla, le dijo que era un hombre que se llamaba Yordi.
¿Engañado? Con la respuesta Reynoso Moronta se acerca donde Engels Carela Castro, preso por el intento de homicidio a Miguelina Llaverías al igual que Román, porque fue éste quien le recomendó a Moronta acercarse a Román.
Según explicó la fiscal de Santiago Yenny Berenice Reynoso, Engels usó a Franklin de intermediario porque Román no confiaba en ellos para ‘más trabajos’ debido a que les quedaron mal con el caso de Llaverías, ex esposa de Román, al no lograr matarla. Fue de esta manera que Román inició las negociaciones, sin saber que quien estaba detrás era Engels Carela.
La Trama. Tan pronto Franklin dice a Engels que Román quiere matar a una persona identificada como Yordi, éste responde que sabía de quien se trataba porque era el culpable de que ambos estuvieran en la cárcel purgando condena. Se recuerda que Yordi Veras fue el abogado de Llaverías.
Según el relato de los hechos, Engels se comunica con su hermano Francisco Carela Castro y le informa del ‘trabajo’ y éste se comunica con el ex oficial policial Roberto Zabala para materializar la acción. Zabala contacta a Candi Caminero, también ex oficial policial y al policía activo José Ferreras para hacer la ejecución.
El grupo pidió RD$2.5 millones, pero convinieron RD$1.5 millones con un adelanto de RD$200 mil para pagar el resto 72 horas de materializada la acción que Román pidió se realizara antes del 16 de mayo porque, entendía, las elecciones opacaban hechos de esa naturaleza.
Para ubicar a Jordi utilizaron los servicios de Data Crédito en un establecimiento que les cobró RD$400. Esto porque Francisco Carela no quería que se hiciera desde el servicio que tenía en su empresa de servicios de investigación.
Impaciente. Previo a la ejecución del hecho y pasado el 16 de mayo, Román se quejó a Franklin de que sus hombres no habían hecho nada porque ponía siempre las noticias y no veía la muerte de Yordi Veras.
Pero un día sí encontró novedad. El 2 de junio Caminero abordó una motocicleta conducida por Ferreras y esperó la llegada de Yordi al canal 25 de Santiago, le hizo tres disparos y huyó junto a Ferreras a buscar a Zabala que los esperaba en un punto previamente acordado.
Fueron detenidos. Cuando huyeron tomaron la calle Las Carreras en vía contraria y fueron detenidos por una patrulla, pero se identificaron como policías y los dejaron seguir.
Se deshicieron de la ropa y la motocicleta y partieron en un carro junto a Zabala.
Grabación y desenlace. El 4 de noviembre pasado, Francisco Carela Castro, por intermedio del sargento de la Marina de Guerra Mario Bretón, le ofrece a Negro Veras, padre de Jordi, una grabación que podría ayudar a esclarecer el caso de su hijo y que la misma le costaba RD$3 millones.
Negro Veras lo comunica a las autoridades quienes les dan seguimiento tanto a Francisco Carela como al sargento y los arrestan.
Al otro día remiten a Carela al Distrito Nacional por una denuncia de que extorsionaba personas con grabaciones en moteles y cuando luego es remitido a Santiago, dice que la grabación que ofreció estaba en poder el abogado Carlos Balcácer, quien según la fiscal Reynoso, fue allanado y se recuperó la grabación.
En el audio se escuchaba una conversación en la que Román se quejaba de que el hecho no se había materializado.
Negro Veras. Sin poder contener las lágrimas ante el relato de los hechos, Negro Veras llamó a las autoridades a tomar medidas tendentes a frenar que desde los recintos penitenciarios se orquesten tramas para asesinar personas fuera.
Dijo que llamaría a su hijo, quien por las amenazas abandonó el país, para que regrese con su familia.
Manifestó que siempre confió en las autoridades que daban seguimiento al caso.
En la rueda de prensa participaron autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional, tanto del Distrito Nacional como de Santiago, provincia en que se sigue el caso que aún sigue en investigación.
Periodistas, fiscales y jueces en lista Adriano
Las autoridades encontraron en la celda de Adriano Román una lista de personas que pretendía asesina en la que figuran los nombres de jueces, incluyendo uno de la Suprema Corte de Justicia; fiscales y otros periodistas.
No revelan nombres
La magistrada Yenny Berenice Reynoso dijo que no revelaron los nombres de las personas que figuran en el documento porque esas personas pidieron que no se dieran a conocer sus identidades de manera pública.
Evidencias
Las autoridades del ministerio público y de la Policía dijeron que tienen en su poder evidencias testimoniales, documentales y grabaciones que demuestran que las personas involucradas se constituyeron en asociación de malhechores, bajo las órdenes de Román, para orquestar el plan macabro de atentar contra la vida de Veras Rodríguez.
De acuerdo a la investigación, el empresario Román contactó a Franklin Reynoso, quien cumple 30 años de prisión en la cárcel de Rafey por asesinato, y que alegadamente le aseguró que estaba a su disposición para coordinar cualquier caso de sicariato que se pretendiera ejecutar.
Señala que Román supuestamente le comunicó al recluso Reynoso que quería sacar de circulación a un “licenciado”, pero que tenía que ejecutarse antes de las elecciones del 16 de mayo de 2010. Reynoso fue contactado por las “excelentes relaciones que tenía con Engels Carela”.
La comisión investigadora dijo que se produjo una reunión entre los reclusos Engels y Franklin Reynoso con Francisco Carela Castro, hermano del primero.
Señala que Engels Carela cita a su hermano Carela Castro en la cárcel de Rafey donde guarda prisión y acuerdan cobrarle a Román la suma de dos millones de pesos para matar a Veras Rodríguez, porque según él, este abogado le hacía la vida imposible.
Luego Reynoso le comunica a Román que cobrarían RD$2.5 millones para cometer el crimen, suma que no aceptó por considerarla excesiva.
Acordaron que el monto fuera de RD$1.5 millones, con la condición de que se ejecutara antes del 16 de mayo de 2010.
Según la investigación, para Román entregar el dinero, Reynoso y Carela Castro coordinaron con empleados de su confianza para darle el dinero y ejecutar el plan en contra Veras. Indica que el 21 de abril de 2010, Carela Castro le ordena a Bianney García y Erazo Serrano buscan en los registros de Data Crédito informaciones sobre Veras, así como otras informaciones para lo cual se dirigieron hasta un centro de Internet ubicado en la avenida Independencia, en la plaza de los Buhoneros, lugar donde compraron un registro con datos personales del comunicador.
CONDUCTA DELICTIVA INCONTROLABLE
El procurador Radhamés Jiménez dio instrucciones para que sean inmovilizados todos los bienes autores materiales e intelectuales de los implicados en el atentado contra el abogado y comunicador, Jordi Veras Rodríguez, ocurrida el día 2 de junio en Santiago.
Al ofrecer los detalles de las investigaciones en torno al caso durante una rueda de prensa ofrecida en la Procuraduría, Jiménez Peña dijo que el ministerio público pedirá condena máxima contra los implicados.
“El crimen organizado y el sicariato no tienen espacio en el país, por lo que los responsables de este caso recibirán todo el peso de la ley”, agregó el procurador general.
De su lado, la fiscal de Santiago definió a Román como poseedor de una conducta delictiva incontrolable, por lo que recomendó que el interno sea aislado para evitar que éste utilice sus recursos para contratar a sicarios y asesinar personalidades.
Dijo que la señora Miguelina Llaverías, estuvo casada por espacio de trece años con el Industrial Adriano Román, con quien procreo cuatro hijos, pero sufrió maltratos y vejámenes En el 1977 fue el primer atentado contra la señora Llaverías. En el 2005 contrató a la supuesta empresa de detectives “FACSAINT” para que atentara contra su vida, dejándola por muerte, por lo que fue condenado a 20 años.
